El control del empleo público es una de las grandes obsesiones de Mauricio Macri. De hecho cuentan quienes más lo conocen que, de haber tenido el margen político para hacerlo, en el inicio de su gestión hubiera dispuesto un recorte mucho más drástico de la plantilla de estatales que dejó el kirchnerismo. Ahora, el Presidente volvió a la carga con el tema y en las negociaciones por el Pacto Fiscal comprometió a los gobernadores a no aumentar la dotación de personal y a promover el ingreso por concurso. Pero no quiere que ese acuerdo quede en una simple expresión de buena intención, sujeto a los vaivenes de la política: busca dejarlo plasmado en una ley de Modernización del Estado a la que adhieran las provincias. Aunque sin el apuro que le imprimirá al paquete de leyes económicas que necesita aprobar antes de fin de año, el Gobierno ya trabaja en el proyecto y la intención es, de no llegar en diciembre, tratarlo en el Congreso en febrero. Macri sabe que es ahora o nunca y que no puede dejar pasar el envión. “En el Pacto Fiscal firmamos un compromiso para propiciar y consensuar una ley, para que se le dé más impulso a estos temas, de tal manera que sea una política nacional y deba ser instrumentada por todos”, admitió ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra​, en el Centro Cultural Kirchner, al cabo del Encuentro Regional Americano de Gobierno Abierto que organiza esta semana -y por primera vez- la Argentina, como “premio” por haber trepado 37 puestos -del 54 al 17- en ese rubro. ¿Qué dirá la ley? A cargo de Ibarra y bajo la supervisión del jefe de Gabinete Marcos Peña, uno de los capítulos del proyecto está dedicado al empleo público y toma como base los lineamientos para jerarquizar el empleo público que planteó el “Compromiso para la Modernización del Estado” que se firmó en abril. Esto es: desarrollar la carrera administrativa y que los ascensos sean por mérito; implementar un Plan Federal de Capacitación y garantizar que el ingreso al Estado sea por concursos. En ese documento también se instó a trazar “una adecuada estructura del Estado”. Este punto, aunque será refrendado en el proyecto, ya fue incluido en la ley de Responsabilidad Fiscal, donde se explicita que tanto el Gobierno como las provincias “se comprometen a no incrementar la relación de cargos, respecto a la población proyectada por el INDEC”. Actualmente eso no se cumple: hay unos tres millones y medio de empleados públicos en todo el país, de los cuales 700 mil son nacionales, y apenas 220 mil dependen de la administración central. El borrador que Ibarra maneja en estricto hermetismo contempla que “la política del empleo público deberá fundarse en el mérito y cumplimiento de objetivos”. Y prevé que Nación “establecerá las pautas metodológicas para los planes de formación”. ¿Qué va a hacer Nación con sus empleados? Ibarra dijo que “de ninguna manera va a haber una ola de despidos masivos” pero concedió que “se analizan otros instrumentos”, como ofrecer “retiros voluntarios” y e instar a quienes están en condiciones de jubilarse. Las provincias deberían emular ese camino. La ley también contendrá otros dos títulos que Macri considera clave: “Gobierno Abierto” y “Gobierno digital”. El objetivo es que cada distrito garantice el acceso a la información pública y la difusión de “datos abiertos”, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas; y también avance en la desburocratización del Estado.