El Tribunal Oral Federal 2 intimó a los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles”.

Así lo determinó el TOF 2 en una resolución emitida este martes. En total, los nueve condenados deberán pagar $684.990.350.139,86 en un plazo de diez días hábiles a partir de este martes. De no hacerlo, podrían ser ejecutados los bienes de los condenados que sirvan a esos fines.

Además de Fernández de Kirchner, fueron intimados Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Kosé Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la causa Vialidad. El dinero deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nación a nombre del tribunal.

“Gravísimo hecho de corrupción”

"Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", según indica Clarín de acuerdo a la resolución judicial.

Al analizar la cifra que corresponde al decomiso, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se corresponde con un “gravísimo hecho de corrupción”.

En ese sentido, la resolución sostiene: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”.

Embargos

El Tribunal, junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.

En lo que respecta a los embargos ordenados sobre bienes muebles, considerando que las sumas garantizadas mediante dichas medidas superan en todos los casos el valor de los bienes cautelados, “una nueva inscripción registral -por el monto de la suma dineraria sujeta a decomiso- resulta innecesaria”, resolvió el magistrado.

Fuente: El Litoral