La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, fijó para el 7 de julio a las 12:00 la audiencia en la que se evaluarán las restricciones de visitas impuestas a Cristina Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria.

La decisión se tomó luego de que la defensa de la ex mandataria apelara las condiciones fijadas por el Tribunal Oral Federal N° 2, que limitó el acceso a su departamento en San José 1111 únicamente a familiares, abogados y médicos, exigiendo además autorización judicial para cualquier otra visita.

“Se cuestiona la exigencia de una lista cerrada y la obligación de pedir permiso para otras visitas”, indicaron desde la defensa.

El TOF N° 2 también dispuso la colocación de una tobillera electrónica para monitorear el cumplimiento de la condena, medida que la defensa impugnó, aunque ese punto aún no fue elevado a Casación.

El pasado 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra Fernández de Kirchner, y ordenó que la pena se cumpla en modalidad domiciliaria, con condiciones como no perturbar el orden público y limitar las visitas.

En paralelo, 44 diputados, 30 senadores y más de 700 ciudadanos presentaron solicitudes ante la Justicia para poder visitar a la ex presidenta en su domicilio, peticiones que aún no fueron resueltas.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se opusieron en su momento a la prisión domiciliaria, mantienen vigente el plazo para apelar la decisión ante Casación.

La audiencia convocada para el 7 de julio permitirá que las partes expongan sus argumentos ante la Sala, que luego tendrá cinco días hábiles para definir si se modifican o ratifican las condiciones de cumplimiento de la condena.

Días atrás, el Tribunal Oral Federal rechazó el pedido de visitas sin restricciones presentado por el abogado Carlos Beraldi, quien también solicitó que la lista de personas autorizadas se mantenga bajo reserva. Solo trascendió que incluye a familiares directos, profesionales de salud, custodios y representantes legales.

Fuente: Diario Panorama