El texto dispuso que los organismos del Sector Público Nacional “deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”. Esta disposición no alcanza a los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En este sentido, también se estableció un régimen de información del flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades que las entidades suministran mensualmente a la Secretaría de Hacienda.

La decisión responde “a los efectos de contar periódicamente con el estado de situación actualizado de liquidez de los organismos del Sector Público Nacional, excluyendo aquellos que mantengan todas sus disponibilidades en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)”.

Además, el DNU prorrogó, por 10 años a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 13.337 y sus modificaciones y de las pensiones graciables que fueran prorrogadas por la Ley Nº 27.008 y sus modificatorias y por las siguientes leyes anuales de Presupuesto General de la Administración Nacional, fijando las condiciones que las mismas deben cumplir.

En los requisitos estipulados están no ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a $7 millones, no tener vínculo con el legislador solicitante; y no superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a un haber mínimo garantizado.

Fuente: El Litoral