En un contexto político y judicial cargado de tensiones, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner reciba una condena firme por parte de la Corte Suprema en el caso Vialidad marca un punto de inflexión. 

Este escenario, que hasta hace poco parecía improbable en un año electoral, desafía una práctica arraigada: la tradicional cautela de la Corte para evitar fallos sobre figuras políticas de peso en períodos de elecciones.

La novedad no es solo que el máximo tribunal pueda pronunciarse, sino que lo haga antes de que venzan los plazos para que Cristina se anote como candidata en las elecciones provinciales de Buenos Aires o en las nacionales del último domingo de octubre.

La Corte Suprema, hoy reducida a tres miembros —Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz—, parece decidida a avanzar en el caso Vialidad, donde Cristina ya fue condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. 

Esta condena, dictada en primera instancia y confirmada por la Cámara de Casación, recibió un impulso clave hace dos semanas, cuando el procurador general Eduardo Casal, jefe de los fiscales, recomendó a la Corte ratificar la sentencia. Este pronunciamiento, que respalda el pedido original de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, no es un detalle menor: señala una voluntad del Poder Judicial de poner fin a una era de impunidad que permitió a figuras como Carlos Menem, condenado en segunda instancia pero nunca con fallo firme, eludir la prisión hasta su muerte.

El caso Vialidad, que involucra irregularidades en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas, no es el único frente judicial de Cristina. La expresidenta enfrenta otras tres causas abiertas: los cuadernos de las coimas, Hotesur y el memorándum con Irán. Aunque estas están en etapas menos avanzadas —Hotesur es la más próxima a un juicio—, ninguna llegó aún a la instancia de primera instancia. Esto convierte a Vialidad en el caso testigo que podría definir el futuro político y judicial de una de las figuras más influyentes de la última década.

La posibilidad de un fallo condenatorio antes de las elecciones tiene implicaciones profundas. Por un lado, desafía la inercia de un sistema que, hasta ahora, permitió a políticos con procesamientos y condenas no firmes presentarse como candidatos. 

El proyecto de "Ficha Limpia", que buscaba impedir que personas con condenas en primera o segunda instancia compitieran en elecciones, no prosperó, dejando un vacío que la Corte podría llenar con este fallo. 

Por otro lado, un pronunciamiento condenatorio marcaría un hito político: Cristina, que aún conserva una base electoral significativa, podría quedar inhabilitada para competir, alterando el tablero electoral en Buenos Aires y a nivel nacional.

Sin embargo, este escenario no está exento de interrogantes. La Corte, históricamente reacia a intervenir en temas sensibles durante años electorales, enfrenta una presión inédita para actuar con celeridad. ¿Es este un signo de fortalecimiento de la independencia judicial o una reacción a un contexto político donde el kirchnerismo perdió terreno? 

La "mini Corte" de tres miembros, que opera en medio de vacantes no cubiertas, tiene en sus manos una decisión que podría redefinir el equilibrio entre la Justicia y política en Argentina.

Lo cierto es que este fallo, de concretarse, enviaría un mensaje contundente: nadie, ni siquiera una figura de la talla de Cristina Kirchner, está por encima de la ley. Pero también pone en evidencia las contradicciones de un sistema donde las reglas electorales y judiciales parecen moldearse según las conveniencias del momento. 

Mientras los plazos electorales avanzan, una parte de la sociedad observa si esta vez la Justicia logrará romper con décadas de impunidad. Porque, como vimos tantas veces, en Argentina los principios suelen ser negociables, pero la verdad, tarde o temprano, termina por imponerse.

Fuente: Cadena 3