La reciente presentación de la iniciativa de blanqueo de dólares por parte del Gobierno nacional genera reacciones diversas entre los gobernadores. Algunos se oponen frontalmente, mientras que otros ofrecen su respaldo. Esta disparidad revela un panorama político complejo y lleno de contradicciones.

Por un lado, Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, expresa su desacuerdo, afirmando que cobrarán impuestos sobre los dólares que se blanqueen. Su postura parece ser una respuesta política a la administración de Javier Milei, creando una oposición clara. Sin embargo, esta posición no es compartida por todos.

El gobierno de Misiones, por ejemplo, respalda la iniciativa, al igual que el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien asegura que no tratarán como sospechosos a todos los ciudadanos. En Santa Fe, se busca perseguir el lavado de dinero desde una perspectiva criminal, sin hacer un seguimiento exhaustivo de la información tributaria de la población.

El Gobierno nacional necesita el apoyo de los gobernadores para avanzar en la reforma de la ley penal tributaria y la ley de ganancias. Sin el respaldo de estos, la iniciativa corre el riesgo de no prosperar. La cuestión se complica cuando algunos gobernadores, como Kicillof, insisten en cobrar impuestos sobre lo que se declare, lo que genera confusión sobre la naturaleza de esos impuestos.

Por ejemplo, si una persona decide blanquear dólares y adquirir un departamento, el impuesto inmobiliario ya ha sido pagado por el anterior propietario. La misma lógica aplica para la compra de un auto. Esto plantea la pregunta de si realmente hay una intención de combatir el lavado de dinero o si se busca mantener el sistema recaudatorio vigente.

La realidad es que muchos de estos gobernadores carecen de las herramientas necesarias para implementar un control efectivo sobre el blanqueo de dólares. Aunque algunos puedan manifestar su oposición como una estrategia política, en la práctica, su capacidad para actuar es limitada. La falta de un sistema de inteligencia fiscal robusto en las provincias dificulta la detección de irregularidades.

En resumen, el debate sobre el blanqueo de dólares y la postura de los gobernadores refleja un escenario lleno de ruidos y pocas certezas. La iniciativa podría ser una oportunidad para mejorar la recaudación, pero la resistencia de algunos líderes provinciales complica el panorama.

Fuente: Cadena 3