El Sindicato de Comercio se declaró en estado de alerta en todo el país. Este sindicato, que representa a 1.200.000 personas, acordó con las cámaras empresariales del comercio, incluyendo a los supermercados, una pauta de aumentos salariales. 

Estos aumentos, aunque modestos, son del 1,9% para abril, 1,8% para mayo y 1,7% para junio, además de una suma extra que eleva esos porcentajes. 

Sin embargo, el Gobierno nacional expresó su oposición a homologar aumentos superiores al 1%, argumentando que esto podría acentuar la inflación.

El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, expresó su rechazó: "Nosotros habíamos firmado este acuerdo que decía que, aún si el Gobierno no lo homologa, ustedes (supermercadistas) nos iban a pagar el aumento". 

A pesar de este compromiso, los supermercados decidieron no pagar el aumento, argumentando que no está homologado. Esta situación llevó al sindicato a un estado de alerta, exigiendo que se cumpla lo pactado. 

Sin embargo, los supermercados se aferran a la falta de homologación como justificación para no cumplir con los acuerdos.

En este contexto, el Gobierno planteó que la homologación de convenios laborales establece un piso, pero que cada empleador y empleado puede acordar más allá de eso. Si un empleador quiere pagarle más a su empleado, nadie se lo puede prohibir. 

Pero la realidad es que muchos supermercados optan por no aumentar los sueldos, lo que plantea un problema para los trabajadores. ¿Cómo exigir a sus empleadores un aumento si se encuentran en un entorno donde la competencia es limitada?

El Gobierno, por su parte, busca fomentar la competencia entre los supermercados para evitar que los aumentos se trasladen automáticamente a los precios. Esta estrategia busca romper con el corporativismo que domina el sector. 

La intervención del gobierno en un acuerdo entre privados, como lo es la relación entre sindicatos y cámaras empresariales, genera controversia. Algunos se preguntan: "¿Cómo puede un gobierno liberal como el de mi ley intervenir en estas negociaciones?". 

La respuesta radica en la necesidad de cambiar las leyes que permiten que un solo representante, como Cavalieri, decida sobre los salarios de todos los empleados de comercio en el país.

Si todos los supermercados aumentan los salarios de manera uniforme, se corre el riesgo de trasladar esos costos a los precios, perpetuando así un ciclo de inflación. 

El gobierno, consciente de esto, busca que los supermercados compitan entre sí, permitiendo que los trabajadores de cada establecimiento exijan mejores condiciones a sus empleadores. ¿Qué papel juega el sindicato en este nuevo escenario? Si los trabajadores pueden negociar directamente con sus empleadores, ¿pierde sentido la representación sindical?

Este conflicto representa un nuevo tipo de desafío para la Argentina. La flexibilidad y la competencia son claves en la agenda del gobierno, que busca evitar que pequeños comercios queden fuera del mercado por no poder competir con los grandes supermercados. 

La economía informal, que crece a pasos agigantados, se convierte en un factor que agrava la situación, ya que estos negocios no cumplen con las normativas laborales ni fiscales.

Fuente: Cadena 3