La medida redistribuye recursos a sectores estratégicos, como la educación, la salud y la seguridad, dentro del marco de la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que se extiende hasta diciembre de 2025.

Según el Decreto, la modificación responde a la necesidad de "asegurar una distribución razonable de los recursos para cumplir con las obligaciones del Estado", considerando que, sin este ajuste, "peligrarían ciertos servicios esenciales".

Además de las modificaciones en el presupuesto, se estableció un régimen especial para regularizar deudas con las generadoras eléctricas, la habilitación del endeudamiento externo para las provincias, y un mecanismo para que Nación salde deudas con las provincias a través de la cesión de bienes inmuebles del Estado.

Estos bienes, que no tienen un uso necesario, serán utilizados para sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto asociado a su mantenimiento.

El Gobierno modificó el Presupuesto 2025: refuerzo de los recursos para áreas clave

En el ámbito educativo, el DNU restableció el artículo 7 de la Ley 26.075, garantizando la distribución automática de fondos para los servicios educativos a provincias y municipios. La medida busca asegurar que la educación reciba los recursos suficientes para cumplir con sus objetivos fundamentales, promoviendo la movilidad social y garantizando los derechos de los ciudadanos.

En el área de salud, el Gobierno decidió reforzar el presupuesto para garantizar el funcionamiento adecuado del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.

Además, se asignaron mayores recursos a la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Ministerio de Seguridad, específicamente para monitorear a personas procesadas o condenadas.

El presupuesto también se ajustó en sectores estratégicos como el Ministerio de Defensa, la Casa de la Moneda y la Secretaría de Energía, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos disponibles y continuar con proyectos clave como la obra hidroeléctrica en el Río Santa Cruz.

Por otro lado, el DNU aprobó el pago de compromisos internacionales, como los aportes al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2,5 millones y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$436,9 millones.

 Fuente: Aire Digital