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ECONOMÌA

17 de octubre de 2017

Elevarán por ley las exigencias éticas a los funcionarios

un hombre de Carrió será el responsable de la ética pública por medio de un proyecto de ley muy severo que, además, buscará evitar conflictos de intereses e impugnaciones. El entusiasmo por el procesamiento de la Procuradora decayó con el paso de las horas.

Bastante les cuesta a los gobiernos reclutar funcionarios en la capa más competitiva de la sociedad. Pero el costo de los conflictos de intereses que se plantean en una sociedad más expuesta y vigilada es mayor. No sólo para el destino de quien logró ser ministro y se pasa el resto de su vida paseando por los tribunales. También para la eficiencia de la gestión y para que las iniciativas no terminen empastadas en la red de judicialización del mundo público. Un concesionario que fue de los ferrocarriles en los años 90 recuerda siempre que el compromiso con los privados nunca se pudo cumplir, por un amparo por un paso a nivel del barrio de Belgrano de un legislador del socialismo. Los empresarios no pudieron actualizar las tarifas, no se hicieron las obras, se dejaron de pagar los cánones y se derrumbó el sistema. Este asunto es tema de las reuniones que mantienen los ojos de Macri con el delegado de Elisa Carrió en las alturas del área presidencial, Fernando Sánchez, cuyo cumpleaños se perdió Lilita el fin de semana, porque viajó a Corrientes a darles una mano a sus candidatos en la lista de Cambiemos. Si hubiera estado ella, habría habido una clásica Fiesta Gitana de esas donde se baila durante varios días, pero quedó en una Fiesta Quintana, por la nueva afiliación del diputado a la Jefatura de Gabinete. Sánchez es gerente de “compliance” (cumplimiento de normas) del Gobierno y prepara la nueva ley de ética pública, que está en las antípodas de lo que le pide Donald Trump al Congreso de su país — que se derogue la ley que castiga a empresarios americanos por el pago de comisiones en el extranjero—. Este proyecto, en cambio, redobla las restricciones que se les impondrán a los funcionarios en materia de conflicto de intereses, que irán por dos vías: las que le pondrá el estado que lo designa después de una investigación profesional de antecedentes, y las que el propio designado deberá confesar antes de asumir. La consigna es bajar la vulnerabilidad de los funcionarios y sus decisiones ante las denuncias por conflicto de intereses. La filosofía es que no sólo hay que mejorar el estándar ético de los funcionarios. También hay que asegurar que sus decisiones no serán impugnadas en un país con la política judicializada. La mayoría de las medidas que toman los gobiernos se paralizan, o quedan a medio camino, por la judicialización, y el conflicto de intereses suele ser el motivo de la mayoría de los fracasos que después el público factura en las urnas. Confesiones de alto golf de Obama sobre Trump Estas ideas de fondo no distraen a nadie de las urgencias de la hora, que son la de la campaña. No por nada el Gobierno en pleno se constituyó en asamblea en Mar del Plata, para exhibirse en el escenario del Coloquio de Idea ante los amigos más remisos, los empresarios. La relación de este padrón con el macrismo es dual: adhieren con el corazón, pero el bolsillo reacciona a reglamento y piden señales de confianza. Hasta las PASO preguntaban en masa si habría un retorno del peronismo cristinista. El resultado disipó esa duda, que ya no figura en los diálogos que mantienen con funcionarios. Ni aun con los de afuera, menos atentos a la sintonía fina de la sociedad. Los oídos indiscretos que siguieron el diálogo a solas entre Macri y Barack Obama mientras golpeaban la pelotita y, principalmente, en el lunch sobrio que compartieron con José Torello y Gianfranco Macri, juran que el nombre de Cristina no apareció. Y eso que Obama simulaba confianza con la ex presidente como para preguntarse sobre su destino. Sí habló con dureza de Donald Trump, de quien dijo no estar de acuerdo con la agenda ambiental. “Y no es en lo único que no estoy de acuerdo”, pero no siguió. Le aconsejó a Macri que tome como referencia a los líderes de los países centrales como Alemania, Canadá, Francia y alguno más “porque nos van a ayudar”. En lo personal mostró afabilidad sorprendente. “Te escucha cuando le hablás, como si le interesase lo que decís”, refería uno que anduvo por ahí. Sobre el llano, le confesó a Macri que no extraña para nada el protocolo, y que esas zalemas que rodean a un presidente siempre le cargaron un poco. Escribe sus memorias, con un adelanto millonario, y se dedica al negocio de la oratoria. Nadie lo quiere admitir, pero se escuchó un número por la charla que dio en Córdoba: US$400 mil (y sin el ahora 12). Eso es ganarse la vida con el sudor de su lengua. Viento en popa para un díctamen La presencia de Macri en el cierre del Coloquio abrochó el mejor momento de sus relaciones con los empresarios, pero sirvió —y es lo más importante— de paraguas para encuentros informales para resolver asuntos de coyuntura imposibles de abordar con los funcionarios y los punteros en viajes permanentes por todo el país haciendo campaña. Lo más alentador en materia proselitista —el procesamiento de Alejandra Gils Carbó — requería una mesa de análisis, y la tendieron los principales de la especialidad en Viento en Popa, fino restorán del puerto marplatense, en la noche del jueves. Fue para marcar el seguimiento de ese regalo de la Justicia a los candidatos de Cambiemos. Se juntaron esa noche los jefes legislativos Emilio Monzó, Nicolás Massot,jefe del bloque Pro; Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; Álvaro González, que preside Juicio Político, y algunos más, como Eduardo Amadeo y el puntero local “Lalo” Ramos. La noticia estaba fresca y cayó en el mejor momento de la campaña, pero sin tiempo para articular algún mecanismo que redoble la presión sobre la funcionaria, al estar vacío el Congreso hasta después de las elecciones. Más que prensa y escrache no se puede hacer nada para que renuncie o pida al menos licencia. Y cuando se pueda reunir la Cámara, lo hará para promover el juicio político, en el mismo estilo como se llevó a votación la destitución de Julio de Vido. O sea una sesión para que se muestren quiénes están de un lado y quiénes del otro, una de las fórmulas áureas del marketing del oficialismo. Presión sobre Carrió para que cambie veto a Gils Carbó Más que ese desgaste en operación de pinzas, es difícil por ahora lograr algo más. Los votos para sacarla no alcanzan en las dos cámaras, que siguen y seguirán dominando el peronismo. Carrió, como se sabe, desarmó la espoleta de la estrategia original del oficialismo, que era, con acuerdo del bloque peronista de senadores, modificar la ley de la Procuración, ponerle un plazo de 5 años al mandato, esperar un año a que termine y a otra cosa. Carrió, siempre viendo algo que otros no ven, dijo que eso era votar una ley con nombre y apellido y no era algo republicano. No terminan de entenderla quienes se quejan aún hoy, de que si ella no hubiera mocionado eso, Gils ya estaría en su casa. La novedad de esa noche es que la mesa entiende que por el clima de opinión y la maniobra de pinzas sobre la funcionaria puede llegar a convencer a Carrió para que revise su negativa a reformar la ley, poner el plazo y derogar la exigencia de los 2/3 de los votos para sacarla, que sería el complemento de la otra pieza de artillería, la denuncia de inconstitucionalidad del régimen que la ampara hoy a Gils. Del resto de la noche de Viento en Popa no se puede contar más, porque una mesa de esos varones argentinos encierra mucha masculinidad. Ni José Ignacio de Mendiguren, que se acercó a saludar desde otra mesa, pudo participar de esa jarana. Ni para enterarse si Macri iba a abrir la residencia de Chapadmalal para el resto del fin de semana o si habría alguna jornada de golf. Tampoco para escuchar si hubo brindis por el “Ricardo Forster del macrismo”, que es como bautizó Torello a Marcos Peña por la densidad filosófica que le dió a su charla ante los empresarios de IDEA, una original pieza discursiva sobre la ideología de Cambiemos. Cristina enredada en el dilema del prisionero Que el peronismo apoye ese juicio político pondrá de nuevo a sus legisladores ante la prueba de lealtad. No ayuda nada que Cristina de Kirchner dijera que no pondría las manos por Julio de Vido, un funcionario que acompañó a los Kirchner como ministro en Santa Cruz. Competía hasta 2003 con Jorge Remes Lenicov en quién había sido más años ministro provincial. Después fue ministro nacional durante los tres mandatos del matrimonio. Y encima ella lo impuso en 2015 como candidato a diputado nacional. Esa demasía indignó entre peronistas que no militan ya en el cristinismo, como testimonian quienes visitaron en la semana el bloque de senadores que preside Miguel Pichetto. Es comprensible que Cristina caiga en las redes del dilema del prisionero, problema clásico de la teoría de los juegos, que describe las actitudes y las consecuencias que puede tener, para dos detenidos acusados de complicidad, lo que uno diga del otro. Si uno pone las manos en el fuego por el otro, puede ser arrastrado a la culpabilidad, etc. Pero también es cierto que cuando un político está bajo fuego, uno de los pocos recursos que tiene es la solidaridad de sus conmilitones, que es un juego de ida y vuelta. Quien no es solidario no puede esperar después que alguien lo defienda. Eso lo precipita Cristina con su posición dilemática sobre el caso De Vido, dos prisioneros cercados por la Justicia y por el calabozo de la opinión pública, que es donde hoy juegan su pellejo.

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