Este tema no es nuevo, pero se vuelve urgente en un contexto donde las diferencias son abismales y evidentes. La situación actual pone de manifiesto cómo ciertos "acomodos" generaron desigualdades que parecen perpetuarse en el tiempo.

En Argentina, los salarios en el Estado varían drásticamente dependiendo de la responsabilidad de cada puesto. Por ejemplo, el Presidente de la Nación percibe un salario bruto de 4 millones de pesos. 

Sin embargo, hay que considerar que, en su posición, tiene cubiertos aspectos fundamentales como vivienda y alimentación. Esto significa que, en términos prácticos, su ingreso disponible es significativamente menor. 

La vicepresidenta, en este caso, cobra 3.700.000 pesos en bruto, lo que se traduce en poco más de 3 millones de pesos netos. No se trata de cuestionar si estas cifras son altas o bajas, sino de entender el contexto en el que se encuentran.

Por otro lado, un juez de la Corte Suprema, que es la cabeza de otro poder del Estado, cobra 7.100.000 pesos en bruto. Este monto es casi el doble que el del Presidente, lo que plantea interrogantes sobre la equidad en la estructura salarial del Estado. 

Asimismo, los altos mandos de las fuerzas armadas, como un general o un almirante, perciben alrededor de 2.200.000 pesos en octubre, cifra que, aunque considerable, dista de los salarios de otras instancias de poder.

En el ámbito legislativo, los senadores, a pesar de un congelamiento salarial, tienen ingresos que rondan los 7.800.000 pesos, mientras que los diputados se quedan en 4.000.000 de pesos netos. Esta diferencia genera una distorsión notable dentro del mismo Congreso, donde los senadores ganan el doble que sus pares en la Cámara de Diputados. Es evidente que estas desigualdades no solo son injustas, sino que también crean un clima de descontento y desconfianza en la ciudadanía.

Otro caso que resalta es el del presidente de ARCA, Juan Pazo, quien inicialmente tenía un salario estipulado de 32.000.000 de pesos, cifra que se redujo a 4.000.000 tras el anuncio del Gobierno.

 Sin embargo, la situación se complica aún más cuando se revela que Andrés Vázquez, jefe de la DGI y parte de ARCA, nombró a su pareja, María Fanelli, y le aumentó el sueldo de 4.200.000 a casi 8.000.000 de pesos. Este tipo de decisiones alimentan la percepción de que los "acomodos" son moneda corriente en la administración pública.

La discusión sobre los salarios en el Estado no tiene que limitarse a la cantidad, sino que también se aborde la lógica detrás de estas cifras. En cualquier país, el presidente debe recibir un salario acorde a su responsabilidad, al igual que los legisladores. 

Sin embargo, debe existir un orden jerárquico que garantice que los sueldos de los diferentes niveles de gobierno sean proporcionales y justos. ¿Cuándo lograremos un sistema donde el Presidente, el presidente de la Corte Suprema y los líderes del Congreso perciban salarios equitativos, y el resto de los funcionarios se ajuste a esa escala?

La situación actual no es solo una cuestión de números, sino que refleja un sistema que necesita ser revisado y reestructurado. La acumulación de decisiones a lo largo del tiempo ha llevado a que existan reparticiones con sueldos exorbitantes, que no se justifican en relación a sus responsabilidades. 

Fuente:Cadena3