Para lograr esto, resulta imperativo gastar menos de lo que se ingresa. Al asumir, Javier Milei se encontró con un gasto público que oscilaba entre el 45% y el 47% del PBI. 

Esto implica que, para obtener un superávit fiscal, se requería recaudar impuestos equivalentes a ese porcentaje. Sin embargo, tras implementar políticas que algunos denominan "licuación" o "motosierra", el gasto público se redujo a un 31% del PBI.

Con esta disminución, ahora el Gobierno necesita recaudar impuestos que representen el 31% del PBI. Es posible que esta cifra siga disminuyendo a medida que se avance en la eliminación de subsidios. 

Si Argentina logra crecer el próximo año, lo cual considero probable, podría alcanzar un crecimiento promedio del 5%. Este crecimiento no se debe a un milagro, sino que resulta de la comparación con períodos previos de dificultades económicas. 

Esta situación podría incrementar la recaudación, facilitando así el camino hacia un superávit fiscal más holgado, lo que permitiría al Gobierno comenzar a reducir algunos impuestos.

Recientemente, Milei anunció la reducción del impuesto PAIS y, en un evento en La Rural, mencionó la posibilidad de disminuir las retenciones. Si se cumplen estas condiciones, que estimo factibles, resulta prudente planificar en consecuencia. 

Además, se discute la posibilidad de eliminar impuestos al débito y al crédito, aunque creo que esto es más un deseo que una certeza. No obstante, si Argentina crece y el gasto público se mantiene o disminuye levemente, la respuesta a la necesidad de un superávit fiscal es afirmativa.

Cabe recordar que un crecimiento económico no es solo un objetivo del Gobierno. Para que el superávit fiscal se logre a través del aumento de la recaudación y no por la restricción del gasto, es esencial que la economía crezca. 

La reducción de impuestos tiene por objetivo que las industrias sean competitivas y que los ciudadanos puedan mantener una renta razonable. Cada vez que llenamos el tanque de nafta, sentimos el impacto de la carga impositiva.

Es fundamental que cualquier reducción impositiva sea a nivel nacional. Si el Estado disminuye un impuesto, pero luego las provincias o municipios lo aumentan, el efecto es neutro para el ciudadano. Esto se traduce en una simple transferencia de recursos de la Nación a las provincias. 

Por lo tanto, es vital establecer una relación clara entre los ciudadanos y sus gobernantes regionales, provinciales y municipales, para que el esfuerzo recaiga sobre el sector privado. Con un Estado que se achica, es necesario que los privados encuentren sentido en su esfuerzo y, por ende, la baja de impuestos no solo es posible, sino que se vuelve necesaria.

Las elecciones legislativas de 2025 se presentan como una oportunidad para que la ciudadanía envíe un mensaje claro a la clase política: ¿Apoya este cambio o no? 

En este sentido, es importante recordar que el intendente que aumenta los impuestos y las tasas, sin ofrecer un retorno claro en servicios, podría estar equivocado al interpretar el apoyo popular como un respaldo a su gestión.

El contrato social se encuentra en juego, y es importante que la sociedad se exprese sobre el rumbo que desea tomar. A medida que avanzamos hacia el 2025, se hace necesario plantear qué tipo de sociedad queremos construir. 

Este diálogo no solo es relevante a nivel macroeconómico, sino también en la relación entre los ciudadanos y sus representantes. Cuando un intendente aumenta impuestos, la pregunta es: ¿Qué ofrece a cambio? La expectativa de recibir servicios adecuados debe ser parte de la conversación.

La necesidad de alcanzar un superávit fiscal y el deseo de fomentar el crecimiento económico son objetivos que deben ir de la mano. La reducción de impuestos se convierte en una herramienta fundamental para lograr la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. 

El camino hacia una Argentina más próspera implica un diálogo constante entre el Gobierno y la sociedad, donde ambos actores comprendan sus roles y responsabilidades en este proceso.

Fuente:Cadena3