El temario incluye, por un lado, la modificación a la ley 26.122 que regula el trámite y la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, entre ellos, los de necesidad y urgencia. El otro punto es, precisamente, un DNU, en este caso sobre canje de deuda. De ser rechazado, se convertiría en la segunda norma de estas características que encuentra resistencia en el Congreso luego del decreto que estableció fondos reservados por $100 mil millones para la Side y quedó sin efecto tras su paso por ambas cámaras legislativas.

Justamente, una de las modificaciones que se procuran introducir a la ley 26.122 que rige desde 2006 establece que el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación. Es un cambio sustancial respecto del mecanismo actual que requiere el rechazo de las dos cámaras, como ocurrió con el mencionado DNU sobre fondos para el organismo de inteligencia.

La sesión del martes fue pedida por Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para siempre. Se espera alcanzar el quórum (129 legisladores en sus bancas) con los diputados de la Coalición Cívica, la Izquierda y el santacruceño Sergio Acevedo.

Al dictamen de mayoría se suman otros tres de minoría: de la Libertad Avanza, por el rechazo, de la Coalición Cívica y de un sector del radicalismo. El PRO, que en años anteriores impulsó modificaciones en el mismo sentido, no firmó ninguna de las alternativas y hasta el momento se desconoce qué posición adoptará en el recinto y hacia dónde orientará su voto.

Sí se sabe que el presidente Javier Milei podría ir, una vez más, por el veto en caso de que la modificación de la ley tenga luz verde en el Congreso. Al menos esa fue la postura que se anticipa desde hace varia semanas, a medida que se consolida el número para lograr su tratamiento y su aprobación.

Otro frente de conflicto

El otro tema en la agenda de la sesión del martes es el DNU 846/2024 que permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Esto implica que ya no será necesario conseguir dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar a cabo un eventual canje de deuda.

Para el Gobierno, el rechazo de este DNU hace caer toda la estrategia financiera oficial. La oposición niega este argumento, apuntando que si eso pasa, se regresa a la Ley de Administración Financiera y la reestructuración de la deuda tendrá que pasar por el Congreso.

Eso en términos técnico-legales. En términos políticos, si el decreto es rechazado en ambas cámaras, el presidente se verá obligado a negociar con los gobernadores la ley de Presupuesto, abordando la reestructuración de deudas. La réplica del Gobierno es que abrir un aspecto del presupuesto trabaría el proceso y terminarían prorrogando, nuevamente, el de 2023.

Fuente:El Litoral