Este nuevo dictamen revierte la resolución precedente, con fecha del 28 de noviembre de 2022, firmada por el entonces Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la que investía a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano dependiente del Congreso, con la capacidad auditora sobre las casas de estudios superiores.

De todas formas, el antecedente más cercano respecto al rol de la SIGEN sobre las auditorías a las Universidades Nacionales tuvo lugar durante el último mes de noviembre de 2023, con la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación, cuyo titular era en aquel momento Jaime Peczyk, con la Sindicatura General de la Nación para promover los controles internos, a los que cada casa de estudio quedaba habilitada a adherir en forma optativa, tendientes a mejorar la administración en el uso de los bienes y recursos.

Hasta el momento, el rendimiento de gastos de las Universidades Nacionales funciona bajo un doble sistema de auditorías, Por un lado, las internas que se realizan de forma permanentes mediante las Unidades de Auditorías Internas (cuyos miembros son designados por los Consejos Superiores integrados por profesores, alumnos, graduados y no docentes), complementados con los procesos de auditoría externa bajo la órbita del Congreso Nacional mediante la AGN (actualmente presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández) abarcando aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Con el dictamen, la Sindicatura General de la Nación (entidad que depende del Presidente de la Nación) volvería a estar habilitada a realizar auditorías, otorgándole así funciones en éste ámbito al Ejecutivo Nacional.