La aspiración del concejal es que la norma funcione lo mejor posible, que permita “robustecer los subsistemas de taxímetro y de remises y que, a partir del control, sea una normativa ejemplar para todo el país”, enfatizó Suárez.

“Capacidad de control, ¿hay?”

La concejala justicialista Jorgelina Mudallel admitió que era necesario modernizar la movilidad en la ciudad, y que las apps pasaran al campo de la legalidad. Sin embargo, dijo en el recinto, “no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la capacidad de control por parte del municipio: si antes no controlaban, qué garantías hay de que ahora lo hagan”, cuestionó.

Y luego habló de los Uber Moto, servicio que está prohibido en la normativa, pero que, según la edila opositora, “es una situación sobre la cual no veo ninguna posibilidad de controlar y de evitar. Ahí me parece que tendrán que imponerse los controles”.

Mencionó luego otro punto: las gestiones para sacar el carnet profesional. “Hoy hay falencias para, por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir. Imaginemos qué puede pasar cuando muchas personas que quieran ser choferes de las apps quieran sacar los carnets Clase D 1”, pronosticó, deslizando que habrá en este aspecto un cuello de botella.

“Acto de fe”

Otro aporte interesante fue el del edil oficialista Carlos Pereira. “Primero, estamos atravesando una crisis del transporte público que es histórica, que viene desde antes de la pandemia, en 2020. En este contexto, aprobamos esta regulación. Esto es parte del gran desafío que tenemos por delante: la sustentabilidad de los distintos subsistemas”, manifestó.