Inicia una semana crucial para el Gobierno en el Congreso. Dos leyes se encuentran en el centro del debate: la ley Hojarasca y la ley de Presupuesto 2025. Sin lugar a dudas, la ley de presupuesto se destaca como la más importante de cualquier ciclo legislativo.

Pero la situación se complica, ya que se presentan exigencias de modificaciones antes de conocer su contenido, provenientes de diversos sectores políticos, gobernadores y partidos. La pregunta que surge es: ¿Qué sucede si no se aprueba el presupuesto para el próximo año?

La experiencia del año pasado nos brinda una pista. El presidente Javier Milei reutilizó el presupuesto que recibió de Sergio Massa en 2023, un presupuesto que, como todos sabemos, carecía de sustento.

En este contexto, Milei se vio obligado a adaptarlo, lo que resultó en recortes significativos. Este año, la inflación y la disminución en la distribución de fondos generaron un impacto monumental en el presupuesto nacional. Esta situación legalmente permite a Milei recortar el gasto público a su antojo.

Ante esto, la oposición advierte la necesidad de negociar. Y, ¿A quién le conviene más esta negociación? En particular, a los gobernadores, quienes enfrentan la posibilidad de que Milei reconduzca el presupuesto de este año, ya reconducido previamente, y aplique recortes a su criterio.

El enigma radica en la voluntad política de los sectores de oposición, sin los cuales no hay posibilidad de aprobar un presupuesto. Se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para defender el proyecto. El escenario se presenta incierto y las negociaciones apenas comienzan.

En paralelo, surge la Ley Hojarasca, propuesta por el ministro Federico Sturzenegger. Esta ley busca eliminar más de 70 normativas consideradas obsoletas o ridículas. Sturzenegger menciona ejemplos que resultan sorprendentes. Una de ellas es la eliminación de una ley de 1969, que crea un fondo para controlar la producción de papel de diarios, una medida que condiciona la libertad de prensa.

Otra ley, de 1972, restringe la libre elección de temas musicales en la programación de televisión y radio.

Otras leyes que se proponen eliminar incluyen una que habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos, una norma evidentemente anticonstitucional, y otra que impide la libre circulación por el país.

Además, se busca derogar el permiso de estacionamiento que tienen los legisladores en todo el país, permitiéndoles estacionar donde deseen. También se contempla la eliminación de una ley que obliga a ciertas industrias a reubicarse sin justificación.

Es evidente que muchas de estas leyes son vestigios de épocas pasadas, y su eliminación resulta necesaria. Sin embargo, me gustaría ver un enfoque más estructurado en la desregulación.

Sturzenegger, como responsable de esta tarea, debería considerar que la desregulación se realice a través de leyes y no solo por decreto. En cualquier momento, un juez podría cuestionar la validez de un decreto que desregule medidas previamente establecidas por ley. La claridad y la seguridad jurídica son fundamentales.

Fuente: cadena 3