La Cámara de Diputados dejó firme este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno superó un obstáculo, pero no resolvió el problema subyacente, ya que las universidades, tanto públicas como privadas, son instituciones cruciales en Argentina. 

En particular, las universidades públicas se consideran un mecanismo fundamental para el futuro del país, no solo en términos de movilidad social ascendente, sino también para capacitar a los ciudadanos frente a un mercado laboral cada vez más desafiante.

El Gobierno enfrenta un dilema que va más allá de lo económico. La cuestión no es únicamente de financiamiento, sino del diseño de mecanismos que faciliten la movilidad social. Ayer, el Gobierno logró superar un desafío importante, lo que generó una reacción positiva en los mercados. El índice del contado con liquidación, que refleja el costo de sacar dinero legalmente del país, se encuentra en su nivel más bajo durante la actual presidencia, por debajo de los 1.200 pesos por dólar. Esto indica que un sector del mercado financiero aplaude lo que está sucediendo.

No obstante, hay que tener precaución, ya que el conflicto puede intensificarse. Algunas prácticas observadas entre militantes universitarios y ciertos profesores son obsoletas. Se cuestiona el sentido de tomar una universidad en la actualidad y se critica la retórica de algunos dirigentes estudiantiles que carecen de habilidades de comunicación para llevar sus reclamos a la esfera pública. 

Sin embargo, el conflicto es más profundo y no se debe confundir lo superficial con lo esencial. Aunque pueden ocurrir actos violentos y repudiables, hay un núcleo legítimo en el reclamo de docentes y no docentes por un mejor financiamiento.

El Gobierno acumula victorias a corto plazo, pero estas pueden resultar costosas a mediano y largo plazo, tanto política como electoralmente. Muchos observadores recuerdan que estamos demasiado cerca de Chile, donde el actual presidente, Gabriel Boric, emergió de una amplia protesta universitaria. 

Esta situación invita a reflexionar sobre la posibilidad de que el conflicto social en Argentina genere una renovación en la clase dirigente, algo que se considera necesario, dado que muchos líderes actuales no están a la altura de las circunstancias.

Fuente: cadena 3