La norma que obliga a los comercios a contar con terminales de pago móviles para que los clientes no pierdan el control o entreguen la tarjeta al momento de abonar entró en vigencia este lunes, por lo que desde ahora las operaciones deberán realizarse delante de los consumidores.

La medida que impulsó la Secretaría de Comercio, mediante la Resolución 84/2024, tuvo un periodo de adecuación de 180 días para que los comerciantes adecuen el servicio, que tras su cumplimiento dejó efectiva la nueva forma de pagar con tarjetas.

De esta manera, los comerciantes ya deberán tener a disposición del consumidor las terminales electrónicas para el pago, de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación.

• La decisión busca mejorar la seguridad al momento de realizar pagos con tarjetas, reduciendo la posibilidad de que se lleven adelante maniobras de vulneración de datos y estafas.

En ese sentido, la norma sostiene que "el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma, aun temporariamente, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para consumar hechos de fraude".

Ante esto, consideró que "el objeto de establecer una política de protección al consumidor reforzando los mecanismos de seguridad en cuanto a la utilización del sistema de tarjetas redundará en beneficio, no solo de los propios consumidores, sino del sistema en su conjunto".

Desde la Secretaría encabezada por Pablo Lavigne informaron que en caso de no cumplir con la Resolución, los comercios podrán ser sancionados de acuerdo a las multas que prevé la Ley de Defensa del Consumidor.

Al respecto, precisaron que en caso de inconvenientes, las denuncias pueden realizarse ingresando a la sección de reclamos de la web de Defensa al Consumidor o a través las redes sociales de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

Fuente:El Economista