La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el gobierno aportó datos al juez federal de Esquel, Guido Otranto, sobre el accionar de siete gendarmes que formaron parte del operativo de desalojo que se produjo el 1 de agosto, día en que desapareció Santiago Maldonado. "Comenzamos nuestra investigación primero analizando el accionar de todos los gendarmes que estuvieron, pero muchos estuvieron lejos del predio del RAM. Y hubo 31 que entraron. Y estos siete son el foco de los que estuvieron más cerca del río, que son los que vieron. Esas declaraciones nos parece que son las más importantes y son una parte de las que le llevamos al juez Otranto", señaló la funcionaria en declaraciones a Canal 13. Según la ministra, "el trabajo es sobre aquel que estuvo más cerca, que puede dar una información más certera", aunque aclaró que "se está haciendo un seguimiento sobre todos y cada uno de los gendarmes". Bullrich detalló que desde que ocurrieron los hechos, "se los interrogó tres veces a todos los que estuvieron, y después, a los que estuvieron más cerca del río se hizo un trabajo especial, profundo y duro". Según la funcionaria, el trabajo fue "tan duro que nos criticó la propia Procuración", pero resaltó que "es importante y necesario que salga la verdad". Consultada sobre por qué el gobierno decidió hacer una investigación interna antes de dar lugar a la Justicia, Bullrich dijo que existe "una Dirección de Violencia Institucional" y que "la Gendarmería tiene un procedimiento administrativo que tiene que hacer". "Nosotros tomamos una decisión que fue la más difícil y la más criticada por los que fácilmente critican, que es no separar a los gendarmes porque pensamos que, primero, tenemos que cuidar a los que nos cuidan. No separarlos implicaba trabajar muy profundamente sobre qué hizo cada uno, llegar hasta su declaración más simple", resaltó. Por último, reveló que "los teléfonos de todos los gendarmes están secuestrados desde el principio".