El pacto contiene diez puntos que constituyen compromisos recíprocos, que van desde lo económico, particularmente lo fiscal, hasta la educación, pasando por la explotación de los recursos naturales, entre otros.

Las metas que implican cada uno de estos compromisos esbozados de manera global, deberán hacerse operativas a través de leyes del congreso de la nación y de las legislaturas provinciales, puesto que en muchos casos requerirán verdaderos acuerdos federales.

En el plano fiscal y relacionado con la distribución de la renta federal, aparecen temas como la reforma del sistema impositivo, un nuevo régimen de coparticipación y la reducción del gasto público consolidado en los tres niveles de gobierno.

Todas estas reformas se encuentran estrechamente vinculadas y requerirán en el futuro una secuencia temporal lógica tanto en su aprobación como en su implementación, augurando un intenso debate por sus posibles implicancias: apuntan al corazón de los conflictos que durante décadas han caracterizado a nuestro federalismo fiscal.

En esta oportunidad nos abocamos al análisis de lo que podría implicar reducir el gasto público consolidado (GPC) al 25% del PBI, medida que afecta no solo al gasto público nacional, sino también provincial y municipal.

En la actualidad, los últimos datos disponibles para un año completo corresponden a 2023 y dan cuenta de un GPC de 40,8% del PBI. Esto implica que para llegar a los 25 puntos del producto que propone el Pacto, se requiere una reducción del gasto de 15,8 puntos porcentuales (p.p.). Se trata de un recorte que a simple vista inquieta por su magnitud, sin definirse el horizonte temporal en el que debería alcanzarse.

Dejando de lado el tiempo que la consecución de esta meta podría insumir, tratamos de estimar cuál sería el impacto de esta reducción para los tres niveles de gobierno y en particular para la provincia de Santa Fe.

Un GPC de 25 p.p. equivale al que existía en 2004, valor más bajo de los últimos 20 años.

Un interrogante que aparece inmediatamente apunta a dilucidar en qué proporción deberían reducir el gasto en estos 15,8 p.p. cada uno de los tres niveles de gobierno y en particular la provincia de Santa Fe.

La estructura del gasto en 2023 indica que de los 40,8 p.p. de GPC, Nación ejecutaba 22,7, provincias 14,7 y municipios 3,4.

Por su parte, el GPC de 2004 de 25,1% del PBI, estaba compuesto por un gasto nacional de 12,8% del producto, mientras que el gasto de provincias y municipios ascendían a 9,9% y 2,4% respectivamente.

Volver a un gasto de tamaño y estructura similar al de 2004 implica que el gobierno nacional debería reducir su gasto en 9,9 p.p. (de 22,7% a 12,8% del PBI), las provincias 4,8 p.p. (de 14,7% a 9,9% del PBI) y los municipios 1,0 p.p. (de 3,4% a 2,4% del PBI).

En el caso de la provincia de Santa Fe, la reducción implicaría para 2023 un recorte del gasto total provincial de 29% en términos reales, un monto que supera la totalidad del presupuesto educativo para dicho año.

¿Los gobernadores que suscribieron el pacto, están conscientes de estas implicancias? Seguramente los números definitivos quedarán plasmados en futuros acuerdos, que necesariamente deberán contener una regla clara y un horizonte temporal durante el cual deberá aplicarse. Es imposible pensar un recorte abrupto del gasto provincial de estas proporciones en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta su alto grado de rigidez, explicado en gran parte por sueldos y pasividades de los sectores educación, salud y seguridad, funciones que fundamentalmente se encuentran a cargo de los gobiernos provinciales.

Fuente El litoral