Argentina debe ser el país donde el genotipo humano de la hipocresía y cinismo en pos de una causa ideológica o electoral, que haría sonrojar hasta al más inescrupuloso. Los que escriben en el muro del facebook su nombre, apellido, lugar de ubicación y a continuación la pregunta sobre dónde está este muchacho Santiago Maldonado, los podríamos subdividir en dos facciones: los opositores al gobierno que están convencidos que, o el gobierno lo tiene secuestrado (algunos son tan elementalmente torpes que lo publican inclusive) vaya uno a saber con qué fines sobrenaturales (porque políticamente desde luego no le hace ninguna falta) ó que uno o varios gendarmes lo asesinaron e hicieron desaparecer su cuerpo (que podría llegar a ser un poco más verosímil). Los que escriben la misma consigna y uno advierte que son afines al gobierno, o lo hacen de perfectos soberbios que son para relajar a los otros; o creen que en realidad Maldonado "se escondió" para perjudicarlo al gobierno (sumándole votos a Cristina, como si necesitara de ello para tenerlos) y aparecerá inmediatamente después del 22 de octubre. Después tenemos la franja social a la que poco y nada le interesa Santiago Maldonado, y que en trasnochadas sobremesas familiares y de peñas fundamentan su escepticismo en las dos teorías anteriores. Pero se lamentan de que "usen" a una persona para ello (al fin algún grado de humanismo siempre queda). Ahora bien: si nos ponemos a racionalizar aunque sea por unos instantes la cosa, llegamos a los dos vectores antes descriptos: ni el gobierno ni Cristina (Fernández de Kirchner, candidata a Senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires) necesitan de Maldonado para cosechar votos. Uno - Cambiemos- los obtuvo y los obtendrá sobre la base de un colectivo y esperanzador "cambio" en el país (social, económico, ético y moral) y utilizando estratégicamente el odio que el kirchnerismo inoculó en el subconsciente de los argentinos en contra del propio kichnerismo, aderezado con una adecuada dosis de miedo; sin desmerecer el invalorable aporte que el propio kirchnerismo les prodiga con actitudes como "digan donde lo tienen a Maldonado”. Y Cristina ganó en la primera vuelta porque hay un sector de la Provincia de Buenos Aires, concentrado y menesteroso, al que si hubiere alguna recuperación económica - como admite el propio gobierno - no le llegó. Ni le llegará nunca. Por lo tanto, la humilde y francamente vana sugerencia es que dejen de utilizar políticamente a este muchacho Maldonado, y aguarden a que el Estado a través de sus fuerzas de seguridad lo encuentren. Sospechamos a esta altura que el Presidente de la Nación Mauricio Macri debe ser la primera persona interesada en saber dónde está Maldonado. Biodiesel: la impronta Trump La noticia cayó como una bomba neutrónica en la Provincia de Santa Fe: "el Departamento de Comercio de Estados Unidos consideró que las importaciones de biodiésel de Argentina están subsidiadas por lo que elevó las tasas entre 50,29% al 64,17% sobre sus compras del producto". Es que Santa Fe, con sus 18 empresas productoras de biodiesel concentra más del 80 % de la producción nacional e involucra a unos 6 mil operarios básicamente concentrados en el Gran Rosario, en su corredor portuario. El año pasado (2016) Santa Fe produjo 2.092.874 toneladas de biodiesel de aceite de soja y de enero a junio de este año 1.028.594 toneladas. El 89,6 % de lo que Argentina exporta a EEUU sale de Santa Fe que el año le pasado facturó a ése país U$S 845.238.282 (más de 93 millones de dólares a Perú y unos cuatro millones de dólares a Panamá) El Gobernador Miguel Lifschitz y su Ministro de la Producción Luis Contigiani pusieron el grito en el cielo (esta calamidad se sumó a la importación de carne de cerdo con riesgo sanitario desde la propia EEUU) y señalaron que pedirán al gobierno nacional que eleve el corte (de biodiesel de aceite de soja) del 10 al 20 %. El especialista Aldo Regalli explica en primer lugar que no es verdad que Argentina subsidie el biodiesel de aceite de zona ni a los exportadores, ni a los productores; “el estado no ayuda en nada ni a los productores ni a los fabricantes de biodiesel; simplemente somos muchos más eficientes que los mismos norteamericanos, asegura Regalli, quien además aclara que “llevar el corte al 20 % (con empresas Pymes autorizadas) implicaría una inversión en logística y almacenaje que podría llevar un año de tiempo”, pero – señala – que “hay que pensar que llevar el corte al 20 % para resolverle el problema a los exportadores sería como robarle a los pobres porque los ricos tuvieron una mala cosecha”, ejenplifica. SanCor: entre la flexibilización laboral y operaciones empresarias De buenas a primeras, los medios nacionales (básicamente los vinculados con el Grupo Clarín) salieron a informar que el desconocido “Grupo Alaisa” (de capitales españoles decían algunos) aportaría 130 millones de dólares para quedarse con el 51 % de las acciones de SanCor. Alaisa proponía aportar una línea financiera (con una tasa) de 2 por ciento estimada entre 80 y 100 millones de dólares” de asistencia crediticia para productores y tamberos”, según mencionaba Clarín. Esta información sucedía a otra que daba cuenta del fin de las negociaciones con la cooperativa neocelandeza Fonterra, en su momento negado informalmente por directivos de SanCor. Fuentes de la cooperativa nos dijeron desconocer en absoluto de quien se trataba el misterioso Grupo Alaisa. Pero el blog Periodismo Salvaje de esta capital señala que “los magnates nacionales “tapados” del Grupo – que no agrupa a nadie- Alaisa son un tal Osvaldo Ponce y Jorge Dudkevich. Fundadores de la distribuidora en 2012. Dudkevich y Ponce tienen domicilio legal y real en Callao 435, Villa Madero, La Matanza. Barrio humilde del conurbano en donde se puede apreciar el inmueble denunciado como domicilio por quienes estarían dispuestos a desembolsar US$ 130 millones”. El Ministro de Agroindustria Buryaile deslizó que el aporte de los 250 millones de pesos restantes (ya se hizo una acreditación de 200 millones de pesos al fondo fiduciario de 450 millones de pesos creado en el Banco Nación para ayudar a SanCor) está supeditado a que la cooperativa láctea prosiga con su plan de reestructuración, que entre otros aspectos comprende la flexibilización del convenio colectivo con el sindicato lechero Atilra (que tiene unos 30 mil afiliados en la industria láctea). Los dirigentes gremiales encabezados por el titular del gremio Héctor “Etín” Ponce pidieron que no se utilice al gremio de rehén para extorsionar a SanCor con los 250 millones restantes. Mientras tanto, en el oficialismo consideran imprescindible avanzar con cambios de raíz en el mercado laboral. Se acusa a los sindicalistas de defender un modelo relacionado con una economía de hace 50 o incluso 100 años que no tiene nada que ver con el mundo actual. Los empresarios consideran que “es imposible que el país crezca y genere empleo con las leyes laborales de hoy". Desde el gobierno apuntan a: rebaja de los aportes patronales; flexibilizar las condiciones de despido; descentralizar las negociaciones colectivas (permitiendo incluso que se haga empresa por empresa); mayor penalización para conductas laborales que complican el normal funcionamiento de las empresas, como el ausentismo. La empresa argentina fabricante de herramientas de mano BAHCO radicada en Santo Tomé está negociando en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe la renovación del procedimiento preventivo de crisis por las dificultades que atraviesa el mercado del cual forman parte (importaciones, dólar no competitivo para exportar y aumento de costos internos), pero el gremio (UOM) se niega a seguir con las concesiones laborales firmadas en su momento. A todo esto, el Ministro de la Producción Luis Contigiani dijo que la autopartista rosarina Mefro Wheels (fabricante de llantas) reabre “gracias a un gobierno que defiende a la industria” porque cuando hay decisión política se logran buenos resultados”, luego de que la Justicia aceptara el concurso preventivo de acreedores para que la ex Mefro Wheels pueda volver a operar en septiembre en manos de Cirubon. "Es un caso simbólico de una decisión política del gobierno del Santa Fe", aseguró el Ministro santafesino, siempre crítico de las decisiones gubernamentales de dejar librado todo al libre comercio, como está ocurriendo con la importación de carne de cerdo desde EEUU. ¿Se viene otro tarifazo eléctrico? El ministro de Energía Juan José Aranguren afirmó que “hacia fin de año se hará una revisión tarifaria” para la electricidad y el gas, pero aclaró que la suba sería inferior a las aplicadas entre 2016 y el primer semestre de este año. La Secretaria de Energía de la Provincia Verónica Geese se reunirá esta semana con funcionarios del Ministerio de Energía para pedir explicaciones sobre una información que publicó Cammesa indicando un aumento del 17 % del costo de la energía eléctrica a partir de noviembre próximo. Un escándalo a la vista El Senado santafesino pidió que se investigue el accionar procesal de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, en una antigua causa que involucró a policías de la comisaría 19° de Rosario. Si bien no son los primeros en plantear sus sospechas respecto de cómo se actuó en ese caso, la justicia ya determinó en tres instancias que no hubo irregularidades. L La ofensiva que encara por estos días la Cámara alta provincial tiene un trasfondo complejo, ya que hay senadores que están siendo investigados por esa misma Unidad Fiscal por el presunto desvío de fondos públicos y manejo arbitrario de subsidios. Se trataría de los senadores Joaquín Gramajo ( 9 de Julio), Armando Traferri (San Lorenzo), Rubén Pirola (Las Colonias), José Baucero (San Javier) y Guillermo Cornaglia (Belgrano). A estos dirigentes del Partido Justicialista se sumaría en la lista de sospechosos el radical Hugo Rasetto, del departamento Iriondo.