El ex ministro de Desarrollo Social durante la gestión anterior, Danilo Capitani, habló acerca de las presuntas irregularidades detectadas en comedores comunitarios de la provincia. Como se sabe, el gobierno de Maximiliano Pullaro ha iniciado una auditoría que, con un 60% de avance, reportó irregularidades en aproximadamente la mitad de las instituciones relevadas. Producto de ello, se han suspendido 160 espacios en tanto que se han realizado denuncias penales por adulteración de identidad o la existencia de "comedores fantasmas". En diálogo con El Litoral, Capitani habló de la "informalidad" con la que suelen manejarse las instituciones barriales, que colaboran con la asistencia social.

- ¿Cómo ex ministro de Desarrollo Social, qué puede decir sobre las denuncias de la actual gestión respecto de presuntas irregularidades en comedores comunitarios?

- Primero, hay que contextualizar para entender el momento en que se toman las decisiones. Cuando asumimos, también hicimos una auditoría, pedimos informes y recorrimos los comedores. Y, obviamente, encontramos irregularidades porque el tema social es muy complejo; se trabaja con actores que están en los barrios y en situaciones muy difíciles. Y fuimos acompañando a cada una de esas instituciones u organizaciones sociales y vecinales, y a cada una de las personas físicas que llevaban adelante esta tarea de dar comida a la gente en su barrio o en el club. Fuimos regularizando la situación. Cuando asumimos, había unos 700 comedores.

- ¿En cuántos encontraron irregularidades?

- Dimos de baja a 70 u 80. Pero es un proceso dinámico; cada vez que había un planteo en el territorio de una institución que no cumplía, se daba de baja y se buscaba otra porque la idea era llegar al territorio. Y desde el Estado era muy difícil porque no tuvimos nunca la cantidad de funcionarios que nos hubiera gustado tener; más cuando empieza la pandemia, donde muchos empleados tampoco podían concurrir. Trabajamos con mucha menos gente y tuvimos que armar un Comité de Crisis…

- No se contó porque no teníamos tiempo para salir a hacer eso. Además, nos parecía que no tenía demasiado sentido en función de la situación apremiante en la cual se vivía. Y utilizamos un Programa que se había creado para esto en 2017, durante la gestión de Miguel Lifschitz como gobernador y Jorge Alvarez como ministro. Ese decreto y la resolución respectiva hablaban, justamente, de la informalidad que hay en los barrios y de la posibilidad de llegar rápidamente al territorio con alimentos. Eso fue lo que hicimos; trabajamos y convocamos a todos para llevar adelante esa tarea. Hoy, la situación no dista mucho en lo social de aquella época. Nosotros nos pusimos a disposición del gobierno actual para trabajar en conjunto y compartir nuestra experiencia a fin de poder llegar rápidamente al territorio con la asistencia alimenticia. Hoy hay muchas familias que no pueden comprar su comida.

- ¿Usted dice que esas 'desprolijidades' con casi como inevitables por la manera en la que se manejan muchas organizaciones?

- Sí, justamente, uno de los motivos de las bajas que hacíamos era porque resultaba muy difícil que pudiesen rendir en tiempo y forma. Entonces, los dábamos de baja y hacíamos controles. A tres meses de que no rendían, se generaba un alerta y se daba de baja. Pero los controles dependían de la propia administración, no de los funcionarios políticos.

- Pero más allá de las rendiciones, hay denuncias penales por comedores fantasmas o identidades adulteradas… ¿Sobre eso, qué puede decir?

- Cuando nosotros salimos de la pandemia, que duró dos años, hubo una escalada en los precios de los alimentos. Y en paralelo, la sequía también terminó afectando la cuestión social. En ese contexto, una persona que tenía una tarjeta Alimentar o un Potenciar Trabajo o una changa, no llegaba a superar la línea de indigencia o pobreza. Una persona en esas condiciones no se alimenta bien. La cuestión alimentaria no decayó en ningún momento…

- Nosotros siempre nos ponemos a disposición de la justicia en todos los planteos que se puedan dar. Lo que observamos es que todas las instituciones trabajaban. En cuatro años no tuvimos nunca una denuncia de que alguna no haya funcionado o no haya entregado los alimentos. Obviamente que la informalidad hacía que se declarara un domicilio legal en algún lugar, pero se entregara el alimento en la plaza o en el club. Y la persona que figuraba con el domicilio legal o la que preparaba la comida y entregaba el alimento, vivía en otro lado.

- ¿Eso era habitual?

- Sí. Era muy habitual por el dinamismo que había y que hay (en materia social)

- ¿Y eso está bien?¿Es correcto?

- Justamente, el decreto de 2017 (gestión anterior) que cité habla de la informalidad en la situación de muchos comedores; lo plantea el propio decreto.

- Sí sí; eso se va ordenando. Sucede que la situación es muy dinámica. Un comedor existe en un lugar, en un barrio, en una manzana y después se traslada a otro sitio. Eso nos pasó permanentemente y se va acomodando.

- ¿Cree que en parte es eso lo que se está denunciando ahora?

- Puede ser… Hay una institución que había sido denunciada, y salió a decir que siempre entregaron los alimentos y que lo tienen corroborado con fotos y pruebas. Hubo muchas instituciones dadas de baja (por esta gestión) que hicieron certificar mediante escribano, que estaban trabajando correctamente y entregando los alimentos. Quizá sea todo parte de una información errónea. Ojalá que no sea esto una caza de brujas ni se estigmatice a la pobreza y a quienes trabajan en los barrios porque realmente son importantes a la hora de llegar al territorio y sin ellos es muy difícil trabajar en el territorio.

FUENTE EL LITORAL