Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, el gobierno de la provincia de Santa Fe viene realizando auditorías a comedores y copa de leche de todo el territorio. En la semana que pasó, se presentó un informe a modo de balance superada la mitad de esta acción gubernamental.

De acuerdo a los números entregados por el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en la “bota” había registrados unas 800 instituciones destinadas a este fin. Transcurrida la primera mitad del año, se pusieron bajo la lupa 481, 222 ubicados en Rosario y 259 en el centro norte de la provincia; lo que se traduce en un 60% del global total.

A raíz de las irregularidades detectadas, el gobierno santafesino dio de baja 160 comedores. Los primeros resultados de las evaluaciones ya marcaban que la mitad de los espacios presentaban algún tipo de problema legal. Esa tendencia se fue confirmando con el avance de las inspecciones.

Por las inconsistencias encontradas, se hicieron más de 10 presentaciones ante la Justicia. A través de un documento oficial, desde la cartera que conduce Victoria Tejeda indicaron que las anomalías más frecuentes detectadas fueron:

• Suplantación de identidad

• Lugar inexistente

• Declaración de un servicio alimentario que no se prestaban

En ese mismo documento, desde el gobierno provincial aclaran que la primera denuncia ante la Justicia se realizó el 21 de febrero pasado, mientras que el 11 de abril se amplió dicha acusación y el 16 de mayo ocurrió algo similar.

Explicaciones

Durante la conferencia de prensa que realizaron la ministra Tejeda, el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile, y Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, se detalló además que en Rosario, se cerraron 45 establecimientos pero se lograron abrir otros 72 nuevos, mediante convenios recientes.

Al mismo tiempo, la funcionaria reveló que en toda la provincia se han logrado firmar acuerdos que permitieron la apertura de 103 nuevos comedores comunitarios en el territorio santafesino.

Para graficar las irregularidades encontradas, Tejeda graficó que cuando fueron a una de las direcciones informadas en lugar de un comedor se toparon con un baldío. “Teniendo en cuenta la situación económica y social del país, que Santa Fe no está exenta, estas cosas no pueden ocurrir”, recalcó la ministra.

A su turno, Basile explicó que al comenzar la gestión encontraron un ministerio muy desordenado. “Teníamos un sólo depósito, que era en la ciudad de Santa Fe y rápidamente pudimos lograr otros lugares en todo el territorio provincial como Reconquista, Rosario y Venado Tuerto. Con esta nueva logística nos permite llegar a lugares que mayor demanda tienen”, aseguró el funcionario.

Al mismo tiempo, el secretario provincial señaló que se ha hecho un gran esfuerzo en el gobierno para aumentar un 80% las partidas en políticas alimentarias.

Por último, Soques descartó que esta iniciativa sea una “caza de brujas”, sino que se trató de "un relevamiento para poder detectar quién trabaja bien y quién estaba haciendo mal las cosas”.

"No venimos a estigmatizar a las organizaciones sociales que trabajan bien y que en el territorio son aliadas nuestras para diferentes acciones y programas. Éste es un trabajo que tiene que ver con la transparencia y la optimización de recursos, y con un vínculo para poder discutir a quienes trabajan bien de los que trabajan mal. Porque la transparencia se ejerce, no se proclama", agregó el secretario.

Tendencia confirmada

En una entrevista publicada por El Litoral a mediados de mayo, el propio Basile ya aseguraba esta tendencia referida a las irregularidades en instituciones auditadas. “La mayoría de los casos son en Rosario o San Lorenzo, es decir, en el sur provincial; aunque también detectamos algunos casos en la ciudad de Santa Fe”, aseguró el funcionario a este medio.

En otro reportaje de El Litoral realizado en marzo, el secretario de Desarrollo Territorial también había anticipado lo que reafirmó el jueves pasado. Basile advirtió una "falta de planificación" en materia alimentaria y de un "desorden generalizado" hallado en el Ministerio. Para ese entonces, se había auditado el 25% de los comedores y la mitad mostraba irregularidades.

FUENTE EL LITORAL