La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al Gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos e informar el stock.

El tribunal de alzada avalo la decisión de Casanello de "encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato".

Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, que el Gobierno no cumplió.

El tribunal señaló que en el expediente “se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios”.

“Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos”, reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.

La secretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni quien reemplaza a Pablo de la Torre, y el dirigente social Juan Grabois se cruzaron en un áspero diálogo tras una audiencia ante la Cámara Federal por la distribución de los alimentos almacenados para comedores sociales.

A la salida de la audiencia, en los pasillos de Comodoro Py, ambas partes del expediente cruzaron acusaciones: Grabois le reclamó a la funcionaria por la falta de entrega de los alimentos y Gianni le replicó que dejara “de robar”.

“Kuka chorra”, le rebatió Grabois, aludiendo a una antigua militancia kirchnerista de la ahora funcionaria de La Libertad Avanza, ante lo cual Gianni emprendió la retirada devolviendo el adjetivo de “chorro” e insistiendo: “Dejá de robar”.

El dirigente social Juan Grabois planteó la “hipótesis” sobre que el Ministerio de Capital Humano “se deshizo de la comida vencida porque los implicaba directamente en el centro de esta causa”.

En su voto, el juez Casanello dijo que "la discusión iniciada a partir de la apelación –replicada en la audiencia celebrada ante esta Cámara- transitó un carril que -lamentablemente- nada tiene que ver con la asistencia, la seguridad o la política alimentaria, sino con una cerrada defensa por parte del organismo donde lo único que ha dejado expresamente claro es que no cumplirán la manda judicial".En tanto, desde la Cámara Federal remarcaron que “las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario”. “Pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas”, cuestionaron.

FUENTE CADENA 3