El constitucionalista Daniel Sabsay viajó a Santa Fe la semana pasada para participar del XXVII Seminario de Federalismo Fiscal, que reunió a profesionales de renombre de todo el país en la Faculta de Ciencias Económicas. En entrevista con El Litoral mostró su “preocupación” por el actual proceso político y la eventual renovación de la Corte Suprema.

- Resulta sintomático que este congreso sobre federalismo fiscal coincida con un momento en que la discusión sobre la distribución de recursos esté en primer plano. Pero que a la vez remite a una situación estructural histórica…

- Y a 30 años de la reforma constitucional del '94, donde en el inciso segundo del artículo 75 se previó una ley convenio de coparticipación de la Nación y las provincias, pero que exige mayorías tan agravadas que es muy difícil lograrlas. No obstante, los distintos parámetros o directivas que contiene ese mismo inciso (equidad, solidaridad, desarrollo equilibrado), deberían ser respetados. Y se ha hecho todo lo contrario. Lo que se ha consolidado es el dominio prácticamente de todos los recursos por la Nación. Han absorbido a las provincias y a los municipios. O sea que habría que ver de qué manera este proceso se puede revertir.

- Y esto, más allá de las cuentas públicas, influye decididamente en el federalismo político.

- Y en la integración territorial. Una vez más volvemos a la historia de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Si no hay recursos, la autonomía de las provincias es algo virtual.

Quién paga el ajuste

- ¿Qué mirada tiene de cómo se está desarrollando el actual proceso político?

- Estoy muy preocupado. Porque lejos de haberse logrado lo que se había prometido de terminar con "la casta" y que las casta sea la que pague, lo que ocurre es todo lo contrario. Los jubilados y los asalariados están siendo objeto de un ajuste feroz. Además, el famoso Decreto de Necesidad y Urgencia dictado al principio de la gestión es inconstitucional. En primer lugar, por la frondosidad: abarca más de 300 campos de la actividad humana. Lo cual empeora si lo combinamos con la norma dictada durante la gestión de Cristina Kirchner, que exige que sean refrendados o rechazados en un todo. ¿Cómo se puede hacer eso con cuestiones tan variadas? De hecho, se ha ido desflecando. Y después el proyecto de ley de Bases, que también abarca muchísimos temas, y que implica una visión que prácticamente hace desaparecer el Estado. Más allá de que yo esté de acuerdo en que es muy importante terminar con los excesos de la actividad estatal, eso no quiere decir que hay que hacer desaparecer al Estado. Porque hacer desaparecer el Estado es hacer desaparecer a la Constitución, porque se la reforma sin hacerlo de manera formal, y se desmorona todo el edificio institucional. Que de hecho es lo que hubiese ocurrido si se aplicaba tal como estaba planeado el DNU y la ley de Bases.

- Bueno, yo veo con muchísima preocupación también el modo como se está llevando a cabo la eventual renovación de la Corte Suprema. La designación de (el juez federal, Ariel) Lijo me parece la más desafortunada de las decisiones, que espero que no se concrete, a pesar de que pareciera que está bastante avanzada. Es una figura muy cuestionada por su accionar. No sé si es o no un hombre brillante, pero acá no importa tanto la brillantez como la capacidad de independencia de criterio y la ética en la toma de decisiones. En el caso de él, me parece realmente algo muy triste. Por el contrario, el caso de García Mancilla me parece una muy afortunada decisión. Más allá de que tenga posiciones conservadoras, eso no me importa. Lo que me importa es la solvencia técnica. Yo lo conozco desde hace muchos años, lo respeto muchísimo, es honesto además. Pero como también está la idea de que haya una mujer, que me parece importante, me temo que al que van a dejar afuera es a García Mancilla. Y claramente es el más valioso de los dos.

- ¿Cómo ve el funcionamiento de la Corte en su composición actual, de momento con un miembro de menos?

- Para mí está teniendo muy buen funcionamiento. Con los votos de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda han sacado una cantidad de fallos muy valiosos, y me parece una pena que eso se destruya. Provienen de distintos gobiernos, lo cual ya casi nunca pasaba. Siempre las Cortes eran identificadas con el presidente de la Nación; a diferencia de Estados Unidos, donde siempre se las identifica con el presidente del Tribunal, lo cual marca una diferencia muy grande. Ahora en este caso hubo una serie de fallos muy importantes, sobre la presencialidad en las escuelas, la recomposición del Consejo de la Magistratura.... En fin, muchos fallos valiosos, por lo cual sería una pena esfumar ese núcleo duro, que creo que es lo que en alguna medida se busca.

Críticas y controles

- No se puede obviar que se ha puesto en la agenda de la Corte la validez del DNU, que a priori tiene validez, salvo que ambas cámaras legislativas lo rechacen. Con lo cual tiene un marco de exigencia menor que una ley, que a la inversa, necesita que las dos la aprueben...

- Sin lugar a dudas, y además por el modo en que se lo ha aplicado. Porque el principio general en materia de decretos del Presidente, ya sea los decretos delegados, los decretos de urgencia y la promulgación parcial de leyes parcialmente vetadas, es prohibitivo. Sólo aparece la excepción cuando las circunstancias impidieran el proceso normal de sanción de las leyes. De todas maneras, excluye cuatro materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pero el presidente lo toma como que fuera una facultad regular, como si el presidente fuera electo de una manera independiente del marco jurídico del país. Y no es así.

- Uno elige a un Presidente y a legisladores, que deben cumplir con la Constitución, con los tratados internacionales y con las leyes. Es un enorme error, por decirlo de una manera elegante, que todo después quede cifrado en la mayoría política o los consensos, y que quienes están encargados de controlar, sobre todo los legisladores, estén obligados a aceptar lo que sea en orden al veredicto popular. Porque si no son como una especie de antipueblo. Porque se identifica a quien ejerce el Poder Ejecutivo con el pueblo. Y quien se le opone es el antipueblo. A esto también lo utilizaba Cristina Kirchner, y viene del bonapartismo (me refiero a Luis Bonaparte). Y aplica también al Poder Judicial y a los medios de comunicación: si el soberano es el pueblo, los que lo cuestionan son el antipueblo, y por lo tanto está bien atacarlos, perseguirlos e incluso encarcelarlos. Eso está pasando mucho: los insultos a periodistas, llamar al Poder Legislativo un nido de ratas. Además de que es una demasía, un presidente no se puede permitir hablar así de otro poder del Estado.

- La libertad de expresión es la más importante de todas las libertades. Es como una libertad madre, sin ella no hay democracia. Un Presidente se puede expresar, pero debe hacerlo de manera moderada, porque él ha sido electo para cumplir con las instituciones. El Presidente no es cualquier persona para insultar a un periodista. Eso lo hacía también Cristina y se la criticaba por eso. Y me parece que actuar de esa manera es una involución enorme y un serio riesgo para la continuidad institucional del país y para la seguridad jurídica, que es la clave de bóveda de un país, porque hace a la previsibilidad inclusive de las inversiones. Una conducta desmedida genera temor.

FUENTE EL LITORAL