A primera vista, no parece existir relación alguna entre temas tan diversos como la situación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la realidad de Aguas Santafesinas (Assa), la presencia de los docentes en las aulas o el modo en que se calculan las jubilaciones en Santa Fe.

Sin embargo, una cuestión común se vislumbra en cada uno de estos asuntos aparentemente inconexos: con matices, unos y otros impactan en el manejo de cuantiosos fondos públicos para la Provincia de Santa Fe y plantean la necesidad de generar mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos.

Hablar de esta transversalidad no es una cuestión antojadiza. De hecho, durante los últimos días la gestión de Maximiliano Pullaro se encargó de dejar en claro la decisión política de poner el foco sobre estos temas.

La llegada de Javier Milei a la Presidencia refleja el concepto de "cambio" en la sociedad argentina. Y la gestión Pullaro parece haber tomado nota de este escenario.

Jubilados: el Gobierno va por una reforma del sistema provincial

A diferencia de lo que suele suceder a nivel nacional cada vez que la cuestión se pone en debate, el anuncio de la apertura de un proceso de análisis para reformar el sistema jubilatorio de la Provincia de Santa Fe parece haber pasado casi desapercibido.

Sin embargo, de lo que se resuelva en el mediano plazo dependerá la situación de los futuros jubilados y pensionados santafesinos.

Al Senado provincial acaba de ingresar un proyecto que impulsa la creación de una comisión que se aboque a discutir de qué manera se reduce el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, que este año superará los 200.000 millones de pesos.

El problema no parece dejar abiertas demasiadas alternativas: o se incrementan los aportes de futuros jubilados o se buscan mecanismos para reducir las erogaciones de la Caja. Para el Gobierno de Santa Fe se trata de un tema clave e insostenible.

En primer lugar, porque el Estado nacional le debe a la Provincia unos 700.000 millones de pesos para cubrir el déficit de la Caja. Y en segundo término, por la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar estos aportes nacionales a las provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios a la Nación.

Hace años que Santa Fe se hace cargo del déficit de su caja jubilatoria con fondos de Rentas Generales. Solo en 2023, el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia llegó a los 173 mil millones de pesos.

No es casual que el proyecto de ley lleve las firmas de ocho senadores alineados con Maximiliano Pullaro: Felipe Michlig, Julio Garibaldi, Leticia Di Gregorio, Ciro Seisas, Germán Giacomino, Esteban Motta, Rodrigo Borla y Pablo Verdecchia; a los que se suma Joaquín Gramajo, de Unite.

¿Se extenderán las edades de jubilación de hombres y mujeres en la provincia de Santa Fe?, ¿qué sucederá con policías, maestros o agentes de la EPE que pueden jubilarse con antelación?, ¿se tomarán medidas para recortar los haberes de sectores cuyos promedios de jubilación oscilan nada menos que en los 5.000.000 de pesos mensuales?

Todas las preguntas son viables y todas las respuestas están abiertas, frente a la necesidad de reducir este déficit multimillonario.

Las decisiones que se tomen ahora, afectarán a los futuros jubilados y pensionados de Santa Fe.

Docentes: inasistencias, reemplazos y la intención del Gobierno de evitar los paros

Apenas se iniciaron las primeras negociaciones paritarias 2024 entre los gremios docentes y la gestión Pullaro, el Gobierno puso sobre la mesa el problema de las inasistencias de los maestros a clases y los costos que esto implica a raíz de la necesidad de pagar reemplazantes.

Según información suministrada por los ministerios de Economía y de Educación, en 2023 el pago a reemplazantes docentes representó una erogación de 180.000 millones de pesos. Y de acuerdo con los cálculos oficiales, si no se toman medidas los gastos para 2024 en este rubro treparían a los 250.000 millones.

Esta semana, finalmente, se realizó el anuncio formal de un mecanismo para "premiar" a los docentes que asistan a las aulas.

Los gremios docentes rechazaron terminantemente estas propuestas y consideraron que se trata de la reincorporación del ítem "Presentismo" en los salarios docentes, que se aplicó a partir de la primera gestión de Reutemann como gobernador -decreto 1308/93- y hasta 2004.

El actual ministro de Educación, José Goity, aseguró que la propuesta actual es diferente porque no afectan las partidas destinadas a la política salarial, sino que los fondos para este "premio" surgirán de los mismos ahorros que genere el sistema.

Los próximos meses serán cruciales para encontrar respuestas a tres interrogantes:

• ¿Se reducirán las inasistencias de los docentes?
• ¿Este mecanismo impactará en los niveles de adhesión a posibles medidas de fuerza?
• ¿Realmente estos "premios" permitirán reducir de manera considerable la cantidad de dinero que se destina al pago de reemplazantes?

Más allá de la oposición de los gremios, el Gobierno no dará marcha atrás en esta nueva política.

Assa: la empresa no funciona sin los aportes del Tesoro

La situación de Aguas Santafesinas (Assa) también está en la mira de la gestión Pullaro. Creada en 2006 bajo la figura de una sociedad anónima -el Estado provincial cuenta con el 51% del capital social, los municipios donde opera tienen el 39% y el 10% restante corresponde a los empleados-, se tata de una empresa absolutamente deficitaria.

Consultado por AIRE, el actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, adelantó que en enero de 2026 se termina el contrato de Assa y dejó abiertas "todas las posibilidades" para el futuro de la empresa. Entre ellas -aunque no necesariamente-, la privatización.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe.

A modo de ejemplo, Enrico remarcó que en 2022 el déficit de Assa fue del 193% y aseguró que, en estos momentos, la empresa funciona porque el Tesoro provincial aporta cerca del 80% de los recursos.

"Existe un desacople con la realidad entre los precios de la economía y lo que se paga por el servicio de Assa. Por bimestre las facturas son de 5.000 pesos, menos de lo que cuesta un envase de repelente para mosquitos", resaltó.

En estos momentos Assa no cuenta con ningún aporte de capital privado, "pero desde este año habrá que comenzar el análisis sobre el futuro de la empresa. Todas las alternativas están abiertas. Pasamos de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), a la privatización. Y luego a la creación de una sociedad estatal mixta. Pero lo cierto es que el servicio se mantiene gracias a los aportes del Estado".

Assa provee de agua potable a 2.230.000 habitantes -cerca de dos tercios del total de población provincial, distribuidos en 15 ciudades- y de servicios cloacales a 1.620.000 habitantes.

EPE: todas las posibilidades a futuro están abiertas

Si bien representa un enorme presupuesto por su estructura, tamaño y servicio que brinda, la Empresa Provincial de la Energía se sostiene con recursos propios.

Sin embargo, la actual gestión considera que la relación entre ingresos y egresos de la empresa se encuentra descalzada, a partir de decisiones que se tomaron durante los últimos años.

Entre otras, mantener "pisadas" las tarifas u ofrecer convenios de pago a deudores con tasas de interés que apenas llegaban al 30%, cuando la inflación en el país ya corría al 150% anual.

El Gobierno de Santa Fe recibió varias consultas de inversores privados interesados en el futuro de esta empresa -también existe interés en otras áreas y organismos descentralizados del Estado provincial-. Sobre todo, motivados por el profundo cambio de rumbo político que manifiesta la Argentina a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Todas las alternativas están abiertas para el futuro de la EPE. Entre ellas, aunque no necesariamente, la privatización.

En lo inmediato, la postura de la gestión Pullaro es invertir en la EPE, hacerla más eficiente e incorporar tecnología. Aun así, fuentes oficiales confirman que todas las posibilidades están abiertas para el futuro de esta empresa.

Si bien por el momento nada indica que la gestión Pullaro haya tomado la decisión de avanzar en una posible privatización de la EPE, el gobierno provincial está dispuesto a evaluar todas las alternativas.

Los últimos intentos de privatización de la empresa de energía se produjeron durante durante la segunda gestión de Carlos Reutemann como gobernador.

En diciembre de 1999, la Legislatura debatió el tema a oscuras, ya que integrantes del Sindicado de Luz y Fuerza dejaron el edificio sin energía eléctrica. La privatización nunca pudo concretarse hasta que, en 2003, el gobierno dio por cerrada la discusión y declinó en sus intenciones.

Finalmente, el 24 de diciembre de 2006, el Senado de Santa Fe terminó derogando la ley de privatización de la EPE.

Pullaro, frente al contexto ideal para impulsar los cambios

Maximiliano Pullaro tiene enfrente un escenario político favorable para avanzar en las transformaciones que plantea. En primer lugar, porque el concepto de "cambio" se encuentra profundamente arraigado en estos tiempos de la Argentina. Y Javier Milei es el principal exponente de este clima de época.

Pero el tablero de la política de Santa Fe también resulta propicio para la actual gestión provincial: desde el retorno de la democracia, solo tres gobernadores gestionaron con mayorías en ambas Cámaras legislativas.

Víctor Reviglio fue el primero en gobernar con un contexto tan favorable. Le siguieron Carlos Reutemann (PJ) y Jorge Obeid (PJ). Pero Pullaro es el primer dirigente no peronista que gobierna bajo estas condiciones.

El amplio triunfo en las legislativas de 2023, le permite a Maximiliano Pullaro contar con mayorías en ambas Cámaras provinciales.

Gracias a los contundentes triunfos alcanzados en las categorías legislativas el pasado 10 de septiembre del año pasado, no solo cuenta con el apoyo de 28 de los 50 diputados provinciales, sino también con dos tercios de las bancas del Senado.

Los dos tercios de apoyo en el Senado representan una garantía de que las leyes impulsadas por el Ejecutivo terminen siendo aprobadas sin mayores inconvenientes.

A modo de ejemplo: la Constitución de Santa Fe establece que, si un proyecto de ley ingresa por el Senado y es aprobado, luego debe ser tratado en Diputados. Si en la Cámara baja se le realizaran modificaciones, debe regresar al Senado, donde con los dos tercios de los votos se asegura la aprobación del texto original tal como lo envió el Ejecutivo.

Solo el tiempo dirá en qué medida Maximiliano Pullaro podrá concretar las transformaciones que su gestión plantea desde los primeros meses de gobierno.

Y si bien será crucial analizar en detalle las consecuencias de cada una de estas decisiones, queda claro que en lo político cuenta con las manos libres para llevar adelante los cambios que se que proponga.

FUENTE AIRE DE SANTA FE