El fideicomiso representa un mecanismo que separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. A través de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra con una finalidad específica: por ejemplo, determinadas obras públicas o el sostenimiento de alguna actividad económica en particular.

Su aplicación para el manejo de fondos públicos tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto. Por lo tanto, su funcionamiento es mucho menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso y con instancias de auditoría que los fondos fiduciarios no poseen.

Más allá de la explicación técnica, el tema formaba parte del (ya famoso) inciso "h" del artículo 4 de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, o "ley ómnibus". Fue en ese punto donde se frenó el debate de la Cámara de Diputados el pasado 6 de febrero, cuando no hubo acuerdo sobre ese tema en la votación en particular del texto, que ya había obtenido aprobación en general.

Por ese inciso se habilitaba al Presidente a "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos".

Sin acuerdo, ni siquiera de legisladores "dialoguistas", la votación iba a pérdida para el oficialismo que decidió devolver la ley a comisiones y retirarla, luego, del tratamiento en la Cámara.