Según el decisorio, el Comité estará integrado por todos los ministros, por el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, y el secretario de Comunicación de la provincia, Luis Persello, “o quienes estos designen en su reemplazo”.

El órgano será presidido por el titular de la cartera de Gobierno, Fabián Bastía, o “en caso de ausencia o imposibilidad de ejercicio de dicha función por parte de éste” por el máximo responsable del área de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la coordinación estará a cargo del secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, el experimentado Marcos Escajadillo.

Entre las funciones del Comité establecidas por el decreto del gobernador está la de “centralizar, coordinar y dirigir las tareas necesarias para agilizar y facilitar las adquisiciones y la distribución de bienes, materiales de construcción, alimentos, equipamiento, y todo otro elemento necesario para asistir a la población damnificada por el fenómeno hídrico”.

“Asimismo, coordinará y dirigirá las tareas de proyección, contratación, dirección y ejecución de toda obra, servicio, construcción y/o trabajo necesario para mitigar los efectos de la emergencia hídrica, por sí o instruyendo a los organismos descentralizados y/o empresas del Estado que fueren pertinentes”, ordena, para después señalar que “en el desarrollo de sus tareas, el Comité podrá recurrir a la asistencia técnica y científica de Universidades Nacionales e Institutos con incumbencia en la materia que se trate”.

En cuanto a las facultades, el órgano de ministros “podrá aprobar la contratación de locaciones de servicio y de obra y otorgar anticipos de fondos y reconocimiento de gastos” siempre y cuando se trate de “urgencias impostergables”.

La crecida del río Paraná provocó serios problemas en la zona de la Vuelta del Paraguayo, en la ciudad de Santa Fe.

Además, para las contrataciones de bienes, servicios u obras públicas, que estar deberán “estar guiados por los principios de razonabilidad, flexibilidad, economicidad, eficiencia y eficacia y se orientarán a la satisfacción del interés público”, “se solicitarán dos presupuestos, como mínimo, a proveedores” salvo casos de “urgencia impostergable” en los que tendrá que “fundarse adecuadamente” por parte del área que impulsa la medida. “En todos los casos –añade- se deberá justificar la razonabilidad de los precios, por los medios que resulten conducentes a tal fin”.

Otra de las herramientas que tendrá del Comité Operativo Interministerial será la posibilidad de otorgar aportes no reintegrables a Municipios y Comunas afectadas por la situación hídrica para la atención de las necesidades, la prestación de los servicios básicos locales”, que “tendrán un tratamiento expeditivo e independiente respecto a cualquier otro aporte que por cualquier otro objeto o causa” se hubiera otorgado a esas localidades. Los gobiernos municipales y comunales deberán luego presentar la rendición de cuentas correspondiente.

Por otra parte, se establece que “la totalidad de los agentes de la Administración Central y Descentralizada, empresas y sociedades del Estado tendrán como tarea prioritaria la atención de todo lo atinente a la emergencia hídrica” y, en ese marco, los ministros “podrán afectar temporariamente a tales agentes -por medio de acto administrativo- al desarrollo de las tareas del Comité sin que esto pueda implicar disminución en sus remuneraciones habituales”.

Finalmente, el gobernador y el ministro-presidente del Comité disponen que “las gestiones que deban llevarse adelante para la concreción de las acciones derivadas de lo dispuesto en el presente decreto, quedarán exceptuadas de las disposiciones vigentes en materia de contención del gasto, autorizaciones previas a la afectación de partidas presupuestarios y montos limitativos de los pagos a efectuarse, hasta el límite que establezca el Ministerio de Economía mediante resolución respectiva”.

Fuente:Aire de Santa Fe