Los ideologismos tienen en la negación un constructo capaz de procurar la propia disolución -incluso traumática, cruel- antes de admitir la evidencia que los desautoriza. La Argentina está en estado de urgencia; sus instituciones (los actores a cargo) apenas exhiben por esta horas las fortalezas y capacidades mínimas e indispensables para hacer frente al desafío.

Un plan integral diseñado durante meses, cinco mil técnicos dirigidos y coordinados para abordar la administración central en el país, coalicionismo político e irreversibilidad de las medidas, eran las condiciones que Carlos Melconian enunciaba en la propuesta de la Fundación Mediterránea, antes de arreglar su participación en la fallida candidatura de Patricia Bullrich. Hábil declarante, el economista no ha tenido la oportunidad de demostrar sus capacidades en ejercicio; en todo caso el dato significativo es que las grandes fuerzas políticas que se propusieron a las urnas, no sintetizaron premisas claras como las de la Fundación Mediterránea.

Los egos visten las ropas del César ante la República fallida, clientelar y corrupta; no todos logran cruzar el Rubicón. El decreto 70/2030 expresa la pulsión personalista de Javier MiIei. El presidente se puso al frente de una mala costumbre kirchnerista: legislar por decreto. Por gracia de Cristina, el Congreso necesita dos cámaras para sancionar una ley, pero sólo una -o ninguna- para convalidar la delegación de facultades legislativas en el presidente. Eso es autocracia.

La CGT y la CTA, que por estas han sido deslumbradas con epifanías constitucionales, buscan hacer valer ante la justicia del trabajo sus pretensiones contra el capítulo laboral del DNU. Lo mismo hizo el gobernador de La Rioja ante la Corte, jurisdicción originaria en un conflicto entre Nación y Provincia. Un juez en lo contencioso administrativo podría suspender los efectos de todo el decreto. El máximo tribunal administra sus proverbiales prudencias en procura de no judicializar -por ahora- decisiones políticas.