Todavía resuena: “Basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta. Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. Devuélvannos la guita de las retenciones, no producen nada”.

Esa es la síntesis conceptual que planteó el gobernador electo Martín Llaryora una semana atrás, cuando festejó el triunfo de su candidato y sucesor, Daniel Passerini, en la intendencia de Capital. Los destinatarios eran Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Martín Lousteau, que habían arribado al búnker de Rodrigo de Loredo con toda la plana de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, que no vino, también fue uno de los destinatarios.

La frase recorrió todo el país y admite varias lecturas. ¿Es correcto el planteo? ¿Es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) el distrito más subsidiado del país? ¿Son los pitucos de Recoleta los que deben devolver las retenciones? ¿Cualquiera gobierna con plata? ¿Incidió el tono vehemente de Llaryora en el impacto del mensaje? ¿Cómo juega el contexto?

Lo primero por decir es que hoy Hacemos Unidos festeja la sobrada elocuencia de Llaryora. “Gracias a esa forma de decir las cosas, hoy medio país está escuchando el reclamo”, evaluaba un ministro que participó de cerca de ambas campañas.

La figura de los “pituquitos” también le viene bien para las Paso a Juan Schiaretti, precandidato a presidente. El peronismo cordobés se ha obsesionado en que haga una buena elección. De los nueve diputados que renueva Córdoba, uno solo responde a Schiaretti. Pretenden al menos meter dos.

Pero Llaryora no puede explicar cómo es que le pega a Rodríguez Larreta, una figura con la que abiertamente Schiaretti quiere aliarse: lo admitió antes de la elección provincial y lo ratificó después.

Reparto desigual

Veamos ahora los números. El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, citó el trabajo de las economistas Laura García y Luz Vera, de Idesa, quienes elaboraron un ratio de recursos/aportes teniendo en cuenta coparticipación, sueldos, gastos corrientes y discrecionales y prestaciones sociales que Nación hace en todas las jurisdicciones al 2019. Hay 16 distritos “ganadores”. La más beneficiada es Formosa, con un desvío del 170%, seguida por La Rioja, con el 113%. La ciudad de Buenos Aires recibe 45% más de lo que aporta. Es cierto que mucho se explica porque Caba es sede del Gobierno nacional y hay mucho gasto administrativo centralizado, pero también hay servicios inexplicablemente que están a cargo de la Nación.

Y acá entran a tallar otros factores: así se concibieron las privatizaciones en los ‘90 y así estaban antes diseñadas las empresas estatales. Nadie veía ni mal ni injusto con el progreso general que Nación mirara sólo el ombligo del puerto. Ahí se concentraron los migrantes del interior y de países limítrofes, que encontraron trabajo y servicios en un área de 13.200 km2 donde viven hoy 16 millones de personas: el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Los subsidios “fueron la solución que Néstor y Cristina encontraron para enfrentar las consecuencias de la crisis de 2001″, dice el historiador Roy Hora. Este camino, a su criterio, fue elegido por dos razones. “Primero, gas, luz y colectivo baratos en el Amba sirvieron para calmar la protesta de los pobres del conurbano, que había desestabilizado a todos los gobiernos de la democracia. Segundo, fue el intento de seducir el voto de las clases medias del Amba, ganando apoyos en un sector que tradicionalmente fue hostil al peronismo. Políticamente funcionó por un tiempo, pero dejó problemas de todo tipo”, enumera.

Excepto el gas, que es igual en todo el país, todos los servicios en el Amba son más baratos.

La explicación formal es que la luz, el agua y cloacas y el transporte están bajo jurisdicción de la Nación. Entonces, el Gobierno nacional gestiona la diaria, hace las inversiones, negocia paritarias, absorbe la tarifa social, define la política tarifaria y pone plata del Presupuesto para cubrir gastos corrientes, porque adrede se pisan las tarifas y lo que se recauda no alcanza. Esa injusticia lleva dos décadas y este diario ha sido pionero en denunciar esas arbitrariedades.

Edenor y Edesur son las únicas dos empresas (de 700 distribuidoras que hay en el país) que están bajo la órbita de Nación. Atienden a 5,5 millones de argentinos de Capital y al primer cordón del conurbano.

Ante un apagón por una ola de calor, por ejemplo, ni Rodríguez Larreta ni Axel Kicillof se inmutan porque tienen responsabilidad cero sobre el servicio.

Edenor y Edesur, juntas, consumen el 37% de toda la energía que despacha Cammesa a las distribuidoras. Al 10 de julio, la EPE de Santa Fe y Epec, por caso, habían pagado el 100% de su consumo, mientras que Edenor debe el 40% de lo que consumió y Edesur, el 57%. Eso pasa siempre: se acumula una deuda de algunos años hasta que viene un plan de pagos con condonación parcial. De hecho, ambas tienen un plan de pagos vigente.

No pagar la energía que venden les permite a las distribuidoras, con la anuencia de la Nación, cobrar barato, muy barato. Aunque ahora los usuarios nivel 1 sin subsidio comenzaron a pagar el precio pleno de la energía (que no está claro si queda para las empresas o efectivamente lo cobra Cammesa), las boletas finales siguen siendo más bajas.

El precio del kWh final, con impuestos para un usuario nivel 1 de 200 kWh al mes, está en $ 47,94, y en Edenor, por caso, en $ 37,36, 22% menos. Pero el mismo usuario nivel 3, los de segmentos medios, paga $ 20,12 con Epec el kWh y $ 12,30 en Edenor, 40% menos.

Con el agua también la diferencia es abismal. Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) presta servicios de agua y de cloacas en ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del primer cordón del conurbano. Son 9,4 millones de usuarios de la zona metropolitana. Aysa estaba concesionada, fue estatizada y hoy pasa lo mismo que con la energía: el Estado nacional asume las inversiones, los subsidios y la gestión del servicio.

Ninguna distribuidora del interior tuvo jamás subsidios: acá los de nivel 1 empezaron a pagar el precio pleno hace algunos meses. Pero no mueve la aguja: entre enero y junio, Aysa registró un gasto total de $ 98.805 millones, pero los ingresos propios derivados de cobrar la boleta apenas alcanzaron los $ 39.657 millones. O sea, el agujero equivale al 60% del gasto de Aysa.

Colectivos

Una disparidad marcada está en el transporte urbano. Cuando hay protestas (excepto el subte, que sí lo tiene el jefe de Gobierno porteño) y paran los colectivos metropolitanos -son 18.500 que van y vienen de una a otra jurisdicción-, tanto Larreta como Kicillof pueden irse al cine porque la resolución del conflicto no les compete. ¿Dónde se ha visto eso? Nación negocia paritarias con la UTA del Amba y anticipa fondos con tal de evitar las medidas de fuerza. Paga aumentos que el interior no puede replicar ni con suba de tarifas ni con presupuestos provinciales o municipales, absorbe la tarifa social, diagrama paradas, recorridos y cartelería.

Así, el usuario paga en promedio $ 33, según el “índice Bondi” de Aaeta, la entidad que representa a las 154 empresas que operan en el Amba, y el Estado puso en junio $ 172,17, el 81% del costo total, aunque la entidad señala que, para cumplir con el servicio deseado (en términos de frecuencia y renovación de unidades), el boleto total debiera estar en $ 372. En definitiva, serían 67 centavos de dólar blue y el usuario está pagando seis centavos de dólar.

Pero el ejemplo más escandaloso está en los trenes. La empresa recauda apenas el 3% de lo que gasta. Va de nuevo: 3%. Todo el servicio, concentrado en el Amba, está subsidiado por el Estado. Obviamente, el interés por desarrollar los trenes en el interior es cero. Tiene 24.423 empleados y para 2023 proyectó un presupuesto de $ 272.358 millones e ingresos por $ 6.500 millones.

Lo que viene

“Que Argentina tiene un federalismo de mala calidad es cierto, pero tengo claro que el problema no se resolverá mirando el espejo retrovisor o sobre la base de reproches recíprocos de los porteños diciendo que hay una decena de provincias del interior que viven con recursos federales o la gente del interior diciendo que el Estado federal se alimenta de cadenas de valor que la expolian. Las dos cosas son verdad y las dos cosas no nos van a llevar a un camino de salida”, plantea Fabio Quetglas, diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires.

“Criticar el centralismo porteño se basa en una oposición entre Buenos Aires y el interior, propio de la campaña electoral. Sirve para juntar votos, pero aleja la posibilidad de construir un federalismo fiscal más equilibrado”, señala Roy Hora. Ese federalismo más equilibrado, dice Hora, debiera discutir el esquema de coparticipación que castiga a la provincia de Buenos Aires y que termina convirtiendo a Caba “en la capital nacional de la pobreza”.

“Heredamos este modelo territorial de dos ciclos económicos: el agroexportador y el de sustitución de importaciones. Es un modelo territorial que dialoga con nuestro pasado, y sólo si dejamos de pensar con la cabeza del siglo XIX, vamos a tener un montón de ciudades medianas prosperando, como Río Cuarto, Tandil, Marcos Juárez, Venado Tuerto, Rafaela, Sunchales. Argentina está en condiciones competitivas de insertar su cadena de valor más intensamente que hoy y ese es el camino”, dice Quetglas.

En su discurso de la victoria de Passerini, Llaryora criticó a los últimos dos gobiernos, pero pareció apuntar más a los dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban a esa hora con De Loredo que al Gobierno nacional.

Muchos le señalaron que Cambiemos, cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia, bajó las retenciones a la soja del 35% a 30% e inició una reducción gradual que llegó hasta el 23,5%. Claro que en 2018 volvió a subirlas. También hubo intentos de traspaso de Edenor, Edesur y Aysa, que no se concretaron.

Acuerdo centralista

Pero el gobernador electo descree de esos intentos. Sostiene que ninguno comulga con el reclamo del interior en los términos que lo plantea Schiaretti. “Ese esquema no lo cambian porque a Capital Federal la gobierna el PRO y al Amba, el kirchnerismo. Discuten muchas cosas, pero eso no se toca”, dijo a Mitre en la semana.

Infografía: Recursos recibidos en relación a los aportados

Es probable que el gran hueso por roer sea esa alianza no escrita entre el conurbano pobre de los K y el distrito rico con helechos en macetas del PRO. Pero si ahí se avanzara, ¿cómo debiera seguir la cosa?

Llaryora pidió la devolución de las retenciones -a veces aclaró que para los productores, a veces dejó implícito que pretende que se coparticipen- y reclamó a viva voz que “repartan parejito”. Ahí hay que leer las batallas domésticas que todavía debe librar, como el atraso tarifario en el boleto de colectivos: subió 16% en el año con una inflación del 50%.

Pero los que bregan por una Argentina equilibrada cuestionan también el reclamo de “reparto parejo”.

“Lo que corresponde es que las provincias se autofinancien. No debe haber más coparticipación: el IVA debe unificarse con Ingresos Brutos y tasas municipales en un único impuesto a las ventas, y que cada provincia se financie con lo que recaude de este impuesto en su territorio”, dice Jorge Colina, titular del centro de investigaciones Idesa.

La Nación debería financiarse con la totalidad de Ganancias, con seguridad social y con los impuestos al comercio exterior y concentrarse solamente en las funciones interprovinciales. “Así, no debería financiarles nada ni a Caba, ni al conurbano, ni a ninguna provincia. No debería haber ninguna distribución de recursos, ni pareja, ni despareja de la Nación en las provincias”, remarca.

Desde 2008, el reclamo clásico del peronismo cordobés

Aunque levantó el tono contra la dirigencia porteña, los temas que planteó Llaryora en los últimos 15 años fueron reiterados por De la Sota y por Schiaretti.

José Manual De la Sota y Cristina Fernández, en 2007 (Archivo/LaVoz).

El impacto nacional que provocó el intendente y gobernador electo Martín Llaryora al referirse a los dirigentes políticos porteños como “pituquitos de Recoleta” y reclamar por la inequitativa distribución de los recursos federales no se explica por la novedad del planteo.

Desde el conflicto por la resolución 125, que en 2008 estableció las retenciones a las exportaciones del agro, todas las gestiones del peronismo cordobés apuntaron al centralismo porteño.

Casi todos los proyectos que el gobernador Juan Schiaretti menciona en su precandidatura presidencial recogen esas posturas. De hecho, en Hacemos Unidos por Córdoba afirman que el discurso de Llaryora apuntó prioritariamente a defender esa postura.

En estos 15 años, abundaron los reclamos, los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación por legisladores del oficialismo cordobés y también los planteos judiciales por discriminación o incumplimientos hacia Córdoba por parte del Gobierno nacional.

El juicio que en 2012 entabló De la Sota contra la Anses por los recursos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones representó uno de los puntos de mayor conflictividad con la Nación. A fines de 2015, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Córdoba y fue la administración de Mauricio Macri la que concretó el pago de los recursos adeudados.

Ese conflicto se reactivó ahora. El gobierno de Alberto Fernández envió puntualmente los recursos a la Caja, pero no los actualizó: ya hay otro planteo en la Corte contra la Anses por $ 110 mil millones.

Los reclamos de la Provincia por la inequitativa distribución de los subsidios nacionales también son un clásico. Lo son en la gestión del Frente de Todos y lo fueron en la administración de Juntos por el Cambio.

Fue Schiaretti quien, en una de las tantas negociaciones con el gobierno de Macri, impulsó que el traspaso de Edenor, Edesur y Aysa a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires fuera incluido en el Consenso Fiscal, a los fines de que todos los argentinos dejaran de costear las pérdidas que arrojan esos servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hubo avances en ese sentido durante el último tramo del gobierno de Cambiemos, pero, tras la asunción de Alberto Fernández, todo volvió a fojas cero. Tanto la electricidad como el agua y las cloacas del Amba son ostensiblemente más baratas que las del resto del país por los aportes del Estado nacional.

El bloque Córdoba Federal volvió a la carga en Diputados el año pasado -también lo hizo Alejandra Vigo en el Senado- con proyectos que otra vez impulsaron el traspaso de esos servicios. No tuvieron ningún avance.

La otra pelea clásica de Córdoba con la Nación es por los subsidios al transporte. Hasta 2019, ese era un reclamo solitario de los intendentes que tienen a su cargo el transporte urbano, pero en los últimos años también se volvió un reclamo de la Provincia, que empezó aportar fondos que cortó el Ministerio de Transporte de la Nación.

Llaryora maximizó ese reproche a la Nación y los diputados cordobeses presentaron un proyecto de ley para la creación de un “boleto federal”, que suponga un aporte equitativo de subsidios en todo el país. No se trató.

Fuente:La Voz