Luego de los anuncios realizados por Massa en la Exposición de Palermo, las entidades del sector expresaron su descontento. A nivel provincial, tanto Coninagro como Carsfe se explayaron.

"Desde Coninagro Santa Fe vemos con preocupación la nueva batería de medidas que pretende impulsar el gobierno nacional", expresaron. "Si bien desconocemos a priori y los alcances en toda la magnitud del decreto de 378/2023, los que nos preocupan una primera instancia es la incorporación del maíz", agregaron.

Según el titular de la entidad Lucas Magnano, "esto sería un golpe durísimo a la ecuación de costos de nuestras producciones, eje central del desarrollo económico de nuestra provincia que no tenemos dudas que debemos defender y pelear por ellos. En un marco contradictorio, tenemos un Gobierno ahogado por la falta de reservas, incapaz de gestionar de manera eficiente los recursos, que acude a cualquier medida, sin tener en cuenta las distorsiones que estas generarán".

Magnano opinó que desde el sector tienen la obligación moral de advertirle a la Sociedad que "las distorsiones en los costos se traducen lisa y llanamente en aumento del precio de los alimentos que integran la canasta básica de la mesa de los argentinos, por lo que no somos los productores los responsables de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ni de la escasez de alimentos, o de la pobreza… lo es el Estado Nacional".

Dicho Estado impone "medidas absurdas como éstas", argumentando que la sequía ha provocado una reducción en la recaudación de recursos fiscales, y como no ser así, si "muchos productores no solo han tenido mermas y reducciones, sino que lo han perdido todo, han perdido recursos económicos, han perdido sueños, han perdido la esperanza de forjar un futuro mejor para su hijos y nietos. Podemos concluir diciendo que en este país tenemos un Estado que es socio en las ganancias pero no lo es en las pérdidas".

Las rurales, en contra

Mientras tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe expresó que "al igual que en anteriores situaciones de intervención de los mercados, denominados dólar soja o dólar agro, CARSFE rechaza las medidas asumidas por el Gobierno nacional por considerarlas especulativas, distorsivas y de corto plazo".

Según expresaron, la intervención de los mercados genera deformación en los precios, y obviamente, deformación de base en los costos, y tiene solamente un propósito recaudatorio por parte del Estado Nacional.

"El maíz, específicamente (cultivo que fue severamente afectado por la sequía y tuvo una magra cosecha), es muy utilizado como insumo en otras actividades agropecuarias. Es fundamental en la producción avícola y porcina, y un recurso muy significativo en la producción de carne y de leche. Por lo tanto, el aumento artificial del precio del maíz afectará los costos de producción y eso se verá reflejado en los precios que pagarán los consumidores argentinos en el corto plazo".

Por ello, los ruralistas sostienen que "las disposiciones del gobierno no son ni una política de largo plazo ni constituyen un programa que genere soluciones a los problemas que tiene el sector agropecuario, ni tampoco beneficia a ninguna cadena productiva; probablemente solo generará algún ingreso de dinero que le sirva al Gobierno para presentar ante el Fondo Monetario Internacional".

Y criticaron que se insiste en buscar soluciones en un sector de la economía nacional pero no se trabaja sobre el equilibrio fiscal, que es el verdadero problema de la economía nacional. "Destacamos que se trata de una medida que tiene un plazo de 31 días, lo cual implica que es una medida circunstancial y no conduce a solucionar ningún problema de fondo del país. Es necesario que se arroje claridad sobre si se pretenden soluciones económicas y sociales para el país, o solamente se trata de una posición de cara a las próximas elecciones".

Fuente:Campo Litoral