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SANTA FE

23 de junio de 2017

Santa Fe está cada vez más cerca de cerrar el viejo sistema penal.

Esta tarde la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley del sistema conclusional. La iniciativa prevé el traspaso de las causas y de los recursos del anterior sistema penal al nuevo, que está en vigencia desde febrero de 2014.

Esta tarde la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo para el traspaso de la dotación del personal y de funcionarios del Sistema de Conclusión de Causas al nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal. El jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, fue el encargado de informar de qué se trataba el proyecto y aseguró que con esta iniciativa "se viene a poner fin a una etapa de un cambio institucional profundo y de gran trascendencia".

La iniciativa contó con la abstención del Bloque del Frente Social y Popular, integrado por Carlos Del Frade y Mercedes Meier, del bloque del Frente Justicialista para la Victoria que conforman Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Baccarella, Patricia Chialvo y Roberto Mirabella; y del bloque Igualdad y Participación, de Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani.

En un breve resumen de cómo se produjo el cambio del viejo al nuevo sistema penal, Galassi enumeró que en 2007 se sancionó la Ley 12.734 que creó el nuevo Código Procesal Penal; en 2009 se aprobaron cuatro leyes como la de Transición (conocida como conclusional de causas), la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación; la de creación del Sistema Público de Defensa Penal; y la de organización de los tribunales penales y gestión judicial (administración judicial).

El 10 de febrero de 2014 se puso en marcha el nuevo sistema con la implementación del nuevo código, mientras que tres años después se venció el plazo establecido para que se hayan tramitado y finalizados los procesos de todas las causas del viejo sistema. Como no se llegó en tiempo y forma el Ejecutivo dio una prórroga por seis meses, que se cumplirán el próximo 9 de agosto.   El proyecto que ayer recibió media sanción tiene dos grandes ejes: el traspaso de todas las causas, unificando en la figura del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, la persecución criminal en la provincia; y el otro eje es el traspaso de todos los recursos humanos que estaban atendiendo tareas en el viejo sistema. Para dar el segundo paso, el gremio de los trabajadores judiciales había pedido que las personas involucradas puedan optar a qué lugar iban a ir a trabajar, para lo que los legisladores establecieron cupos para cubrir vacantes en diferentes lugares. Como base se tomó el registro de trabajadores al 30 de junio de 2016. Una vez que se sancione la ley los trabajadores tendrán 30 días para optar. Luego, la Corte Suprema tendrá 60 días para garantizar, con los recursos de todo el Poder Judicial, que se cumpla con esos cupos.   El 55% del personal administrativo, de mantenimiento y servicios generales podrá optar por el MPA; el 15% en la oficina de Gestión Judicial; el 20% a la Corte Suprema para que pueda ser reubicado en el fuero laboral; y el 10% pasará a cumplir funciones en el servicio Público de la Defensa.   En lo que hace a los fiscales de cámara, de apelación y de primera instancia, todos pasarán al MPA previo acuerdo legislativo para lo que se esperará el envió de esos pliegos a la Legislatura. Lo mismo pasará con los defensores generales de primera instancia. Los secretarios y prosecretarios de primera instancia del fuero penal, de instrucción, correccional y sentencia en un 80% van a pasar al MPA y el 20% restante irá a la oficina de gestión judicial.   En tanto que varios legisladores pidieron que hasta tanto no se sancione un nuevo código procesal juvenil no se traspasen los recursos afectados a los juzgados de menores.   Los secretarios que prestan servicio en la oficina de gestión judicial podrán optar por pasar como fiscales adjuntos al MPA, pero solo podrán enviarse los pliegos de aquellos que pasen por un sistema de evaluación similar a los concursos que hoy se hacen para cubrir las distintas vacantes. Los médicos forenses, los peritos oficiales y todo el personal del cuerpo médico forense pasa al MPA.   Quedan dependiendo del procurador general de la Corte, y por el término de un año, ocho fiscales para atender todas las causas extrapenales, sobre todo de menores, familia y excepcionalmente laborales.   Además, el mensaje del Ejecutivo creaba un cargo de fiscal por cada circunscripción para las causas extrapenales. Pero de común acuerdo entre todos los bloques se estableció que sean dos para Santa Fe, tres para Rosario –que son los que más causas concentran– y uno para cada una de las tres circunscripciones restantes.   Por último, Galassi dijo que "no solo en las causas trascendentes sino en las que cualquier víctima considere que se tiene que ir hasta las últimas consecuencias el nuevo sistema al permitir la participación de los querellantes, de las víctimas, al ser transparente, garantiza que en la provincia de Santa Fe no haya impunidad".   FUENTE: UNO SANTA FE

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