Durante el paso por tres comisiones, la Cámara elaboró un texto a partir de iniciativas de Ximena Sola (Pro) que apunta a regular el derecho a comunicación telefónica que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios para tomar contacto con familiares, amigos, abogados, curadores y abogados; y otro de Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) que se propone prohibir el uso de telefonía móvil e internet inalámbrica creando el programa "Cárceles seguras, Santa Fe segura".

El texto votado por los 33 diputados presentes determina que la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Seguridad, es la encargada de la aplicación para lo cual deberá realizar las licitaciones correspondientes para contratar el servicio de provisión, control técnico y reparación del sistema de inhibición de señal que garantice un adecuado funcionamiento sobre la telefonía móvil, internet inalámbrica, sistema de telefonía fija e internet por cable. También deberá brindar mecanismos especiales de seguridad a la empresa prestadora del servicio, a fin de garantizar una segura prestación del mismo; y ejercer el contralor del cumplimiento de la norma.

Sola no estuvo presente en la sesión durante la votación mientras que Mayoraz expuso argumentos a favor del proyecto aunque adelantó que insistirá su bloque en profundizar acciones para evitar la continuidad de "negocios" ordenados desde los establecimientos penitenciarios. El legislador señaló que a decir de los fiscales de Rosario especializados en balaceras, el 90% de los hechos son ordenados desde las cárceles, especialmente desde Piñero.

"Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio", señaló. "Rosario es víctima de delitos ordenados desde las cárceles, donde la sociedad está azorada y la política no da respuesta. Es difícil explicar a la sociedad porqué no sancionamos una ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles", acotó. Recordó que en la discusión en comisiones, algunos legisladores y funcionarios hicieron notar que hay una ley nacional que prohíbe el uso de ese tipo de tecnología y que la provincia de Santa Fe adhirió a esa norma nacional.

El legislador rosarino que votó favorablemente el texto admitió que éste tiene "sabor a poco" porque está ordenado en la ley nacional. No dejó de marcar que "no espero nada de este gobierno provincial que se fue en promesas, en expedientes para colocar inhibidores que nunca llegan. Necesitamos un régimen legal que llene en vacío que tiene la legislación santafesina donde no hay un régimen de sanciones para el que use celulares". Relató las quejas del personal penitenciario que requisa, quita aparatos que luego vuelven a los internos, sin sanción alguna. "Nuestro proyecto busca un régimen sancionatorio severo, prohibición acompañada de régimen sancionatorio. Hay otros herramientas además de los inhibidores" y aclaró que no se violan derechos humanos porque se cumple a rajatabla con las reglas de Mandela de Naciones Unidas para personas privadas de su libertad.

"Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios", escribió Sola en los fundamentos del proyecto.