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4 de mayo de 2023

Temen "una grave crisis social y económica" si no se renegocian deudas por alquileres e insumos

Un informe técnico sobre unas 70.000 hectáreas de los departamentos General López y Constitución advierte que, a causa de la sequía, faltarán 37 millones de dólares. La cosecha de soja no alcanza a cubrir el equivalente en quintales de los arrendamientos. "La mayoría de los actores productivos habitan la región y viven de su trabajo en el campo, teniendo como prioridad sostener a su familia".

Sobre una amplia zona del sur santafesino, que abarca el norte del departamento General López y el sur de Constitución, los productores agropecuarios no alcanzarán a cosechar lo suficiente para cumplir obligaciones y advierten que se requerirá "llegar a un acuerdo de renegociación de pagos y contratos" para evitar "una grave crisis social y económica para la región".

En un informe técnico, el ingeniero agrónomo Gustavo H. Recupero detalló que se trata de una superficie de 70.000 hectáreas, de las cuales 55.000 (82%) son agrícolas, que comprende las localidades de Alcorta, Carreras, Melincué, Labordeboy, Wheelwright y Juncal, donde viven unas 22.000 personas.

En la región, el rendimiento promedio de soja en la última década oscila entre 28 y 32 quintales por hectárea, por lo que el volumen de grano a cosechar en condiciones normales sería de 1.6 millones de quintales (160.000 toneladas). A los valores de mercado actuales, serían u$s 56 millones.

"Debido a las condiciones ambientales observadas hasta el mes de abril y por la magnitud del área analizada, el resultado de cosecha es visiblemente preocupante, presentando un escenario sin precedentes. El motivo principal: la gran sequía que afecta no solo al campo si no a la población en general", advierte el ingeniero. 

Con un avance de la trilla del 70% del total de la superficie sembrada, los rendimientos son muy bajos y variables. Un tercio de los lotes están entre 0 y 4 qq/ha. (el 20% son sojas de 2° sembrada sobre trigo y 10% a soja de 1° sembrada en suelos con limitantes edáficas). Luego, un 50% de la superficie corresponde a cultivo de soja sembrada en tres fechas diferentes, octubre-principio de noviembre, 15 al 30 de noviembre y diciembre-enero, donde los rendimientos fluctúan de 8 a 16 qq/ha. Mientras el 20% restante del área arroja rendimientos de 20 a 22 qq/ ha, con pocas situaciones con más de 25 qq/ha.   

Así, el promedio de quintales de soja en la zona redondea apenas 10-12/ha. "Esto resulta en un rendimiento medio de entre 10 a 12 qq/ ha, reduciendo a 600.000qq el total del área, equivalente a 19 millones de dólares; 37 millones de dólares menos para la región y el país, comparado con años anteriores". 

Recupero advierte que el problema no es "sólo productivo", sino que también puede acarrear consecuencias sociales, dado que "la mayoría de los actores productivos habitan la región y viven de su trabajo en el campo, teniendo como prioridad sostener a su familia". 

El dato clave es que el 70% de la agricultura se hace sobre campo arrendado, que en la zona pagan una media de 15 quintales de soja por hectárea. "Esto significa la necesidad de 840.000 quintales para el pago de los mismos, 240.000 más de lo que va a producir la región este año".

Pero además de esa fuerte erogación, los chacareros contratistas tienen otros compromisos financieros con entidades bancarias, acopios, cooperativas y empresas privadas por la adquisición de insumos, inversión en tecnología y maquinarias agrícolas. A esto se suma que precisan recursos económicos para iniciar la próxima campaña, "un aspecto que parece cada vez más imposible".  

Frente a este diagnóstico, el agrónomo sostiene que el escenario puede resolverse con apoyo financiero externo. "Estamos hablando de la presencia del Estado". Sin embargo, considera que "este hecho pareciera ser totalmente improbable en el marco político y económico que vive el país hoy en día". 

Por lo tanto, Recupero analiza que será "muy difícil imaginar una salida" sin un pacto entre los actores que participan en el sistema productivo "para llegar a un acuerdo de renegociación de pagos y contratos". Si bien "es un trabajo arduo y difícil", será imprescindible porque "está en juego la cadena productiva y remuneración correspondiente". 

Y concluye: "de no llegar a dicho consenso, la situación podría derivar en una grave crisis social y económica para la región".  

 

Fuente: Campo Litoral

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