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30 de marzo de 2023

Causa Vicentin: la Cámara de Apelación rechazó la excusación del juez Fabián Lorenzini, que deberá seguir adelante con el concurso de acreedores

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista desestimó la excusación presentada por el juez de Fabián Lorenzini, quien deberá seguir tramitando el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, declarada en default a fines de 2019.

Nuevo giro en la Causa Vicentin. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Reconquista desestimó la excusación presentada por el juez de Fabián Lorenzini, quien deberá seguir tramitando el concurso preventivo de la empresa agroexportadora declarada en default a fines de 2019.

A través de un fallo firmado por los jueces Dalla Fontana, Sánchez y Román (este último en abstención), la Cámara resolvió rechazar la excusación presentada por Lorenzini y le ordenó seguir adelante con el concurso de acreedores de Vicentin.

El pasado 16 de marzo, el juez civil y comercial N°3 de Reconquista, Ramiro Avilé Crespo, rechazó en primera instancia la excusación del magistrado que lleva adelante el proceso, quien había aducido “violencia moral” por el pedido de juicio político por parte de un representante de los acreedores. Además, Avilé Crespo le recomendó a Lorenzini que reflexione sobre sus argumentos para excusarse y en caso de no compartir los criterios que rechazaron su intención de correrse de la causa, eleve el expediente a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista. Ahora la Cámara le dio la razón a Avilé Crespo y devolvió el expediente al despacho de Lorenzini.

La resolución del juez civil y comercial N°3 de Reconquista resolvió “rechazar la excusación formulada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito Judicial N° 4 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación” y le solicita que “reflexione conforme los considerandos precedentes y de compartirlos revoque su Resolución de fecha 10/03/2023”.

Asimismo, Avilé Crespo le hace saber a Lorenzini que, en caso de no compartir lo resuelto, “forme el incidente correspondiente, y eleve el mismo al superior para su resolución” (Cámara Civil y Comercial de Reconquista).

El pasado 10 de marzo y tres años después de habilitar el concurso preventivo de Vicentin, el más grande de la historia al menos en Santa Fe, el juez civil y comercial N°2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, había resuelto abandonar la causa. En un escrito, comunicó su decisión de excusarse, aduciendo “violencia moral”, y enviar todo el expediente al juzgado civil y comercial N°3 de la misma ciudad.

Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista que tiene a su cargo el concurso de Vicentin.

Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista que tiene a su cargo el concurso de Vicentin.

Archivo

“Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores”, dice Lorenzini en su resolución. El expediente del proceso concursal, que Lorenzini describe como “de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina”, había retornado a sus manos el 27 de febrero pasado, después que la Corte Suprema rechazara el que había solicitado el acreedor Commodities SA.

Uno de los abogados de esa firma, Gustavo Feldman, fue quien el año pasado motorizó el pedido de jury contra Lorenzini. Lo hizo a título personal, no en representación de sus clientes. En su excusación, el juez sostiene: “Soy consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo”. Recuerda que en esos tres años sorteó “numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas, pero un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar. Desde mi perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido, favoreciendo el pleno escrutinio de los fundamentos que pudiera esgrimir semejante planteo”. Remata: “Considero indispensable remover cualquier condicionamiento que mi continuidad en el caso Vicentin pudiera representar”.

Al mismo tiempo, Lorenzini dice que “no habiéndose expedido hasta el momento nuestra Corte Suprema sobre aquella postulación (el pedido de jury), me siento inhibido de continuar ejerciendo mi rol”. Y un párrafo más adelante ofrece “disculpas a los acreedores que aguardan pacientemente el trámite de este proceso y a las personas que trabajan para la concursada”.

La primera reacción fue del propio denunciante. El abogado Feldman dijo que no cree que los motivos que expuso Lorenzini sean ciertos. “Creo que se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del cram down”, afirmó. En diálogo con AIRE, abundó, duró con el magistrado. “¿Ahora siente violencia moral? ¿Ahora reconoce que estábamos ante un caso sui generis en el que el cuidado de los acreedores debió ser mucho mayor? Todo lo que los fiscales (penales) de Rosario le enviaron (en relación a las imputaciones al directorio por estafa y otros delitos) Lorenzini siempre puso «ténganse presente» y ahí quedó”.

Si bien la Corte en noviembre pasado rechazó avocarse el concurso y ordenó devolvérselo a Lorenzini, lo hizo con una serie de requerimientos que condicionaban al juez del concurso y que prácticamente hacían inviable que homologara la oferta de pago de Vicentin, por más que esta había conseguido los pisos de aceptación que exige la ley. El máximo tribunal, en apretada síntesis, le marcó la cancha: que tenga cuidado de no interferir en el proceso penal que se sigue en Rosario a los directivos (la oferta de pago estaba condicionada a la venta de activos de la agroexportadora que están inhibidos, o sea que no pueden venderse); que la propuesta de pago no sea abusiva; que atienda las advertencias que hizo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en relación a que el ingreso de inversores para pagar podría derivar en una mayor concentración del mercado agroexportador); y que preserve las fuentes de trabajo.

Fuente:Aire de Santa Fe

 

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