Este miércoles al mediodía imputaron a Gustavo Miguel A. por los delitos contra su propia hija calificados como abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, la convivencia, y el vínculo. Todo en concurso ideal promoción a la corrupción de menores. A la audiencia la llevó adelante el juez Martín Torres, con la fiscal de la Unidad de Delitos de Genero Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Alejandra del Río Ayala quien describió la investigación y la defensora pública Silvina Corvalán que representó al hombre.

De acuerdo a lo que describió Del Río, y tal como adelantó UNO Santa Fe tanto el lunes como el martes, Gustavo Miguel A. de 43 años tenía denuncias previas por violencia de género contra la madre de la niña. El hombre fue imputado por delitos de índole sexual contra la menor hasta junio del 2022, que es hasta que convivieron. Se investiga si en los últimos seis meses hubo otras instancias de contacto. A partir de esa fecha la madre y la hija pasaron a vivir un tiempo en una casa de protección del Estado.

Este viernes será la audiencia de prisión preventiva donde se solicitará desde Gefas que continúe detenido hasta el juicio. Según pudo saber este medio, esa instancia será igual de breve ya que continúan las tareas de investigación. "Lo más importante es que ella pueda ser escuchada y que pueda definirse su situación que creo que es lo más urgente", dijo Del Río ante ser consultada sobre la condición de la niña.

Cabe destacar que desde la Secretaría de la Niñez informaron que ambas víctimas se encuentran en un hospital de la ciudad bajo el resguardo del Estado a través de una medida de protección excepcional que fue expedida en la tarde de este martes, aunque sabían dónde se encontraban desde el lunes a la noche. Estaban en una sede de la organización Grávida ubicada en 9 de julio 2663 conocida como "Casa Hermanas de Betania". Después de estar cautivas por el grupo fundamentalista católico el fin de semana, se desconoce cuál será la decisión que tomen respecto de la interrupción legal del embarazo.

Al ser consultada la fiscal por lo que sucedió por fuera de los delitos cometidos por Gustavo Miguel A., respondió: "me estoy concentrando en la evidencia para poder afrontar la audiencia de prisión preventiva, después todo lo que pase con las circunstancias vinculadas al caso que creo que ya todos las conocen será en otro momento".

Denuncia

El 19 de diciembre la mujer hizo una denuncia policial y luego intervino la fiscalía de San Jorge. Allí relató que al llevar a su hija de 12 años a un centro de salud supo que la niña estaba embarazada. Al conocer la situación, la menor le pudo contar que su propio padre fue quien la abusó en reiteradas oportunidades. Después la niña fue consultada por los profesionales de la salud sobre qué quería hacer respecto del embarazo. "No lo quiero tener", les respondió en distintas oportunidades. "Yo le dije que tampoco lo quiero criar, prefiero que lo aborte", sostuvo la madre de la menor en la denuncia.

Los equipos que la venían acompañando hicieron las gestiones después de Navidad para avanzar con la solicitud de la IVE. La última conversación que hubo entre la madre, la nena, los equipos especializados del Iturraspe y las trabajadoras sociales locales fue el viernes 30 de diciembre.

El fin de semana de Año Nuevo fueron contactadas por un cura de una localidad vecina para que se acerquen a misa. Ahí, delante de todos los fieles, le habría dedicado unas palabras en relación a su situación. Y desde ahí el contacto con el Estado se quebró, algunas de las trabajadoras que intervinieron habrían recibido llamadas del presidente de Grávida en el que las insultó por el acompañamiento y luego las víctimas faltaron al turno sin más explicaciones.

La preocupación fue en aumento a medida que pasaron las horas. Los organismos del Estado activaron una búsqueda intensiva en sanatorios privados de la ciudad de Santa Fe. Finalmente estaban en una de las sedes de la organización antiderechos. Fueron encontradas en la noche de este lunes. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Salud destacaron que el acompañamiento consistió en hacer las gestiones para la IVE y pagarles el remis hacia el Iturraspe.

Los diferentes niveles del Estado que intervienieron en el caso son la Secretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Secretaría de Derechos Humanos, la comuna de Garibaldi, autoridades de San Jorge, el Ministerio Público de la Acusación y oficiales del Ministerio de Seguridad.

Fuente:Uno Santa Fe