En este marco que complica la actividad agropecuaria con la menor porción de tierra sembrada de la historia, la Legislatura ya recibió el proyecto de Ley que contempla una nueva normativa para aplicar la Emergencia Agropecuaria en Santa Fe, derogando la anterior legislación y postulando desde provincia como el reemplazo a una ley "que no sirve".

El dato que surge como referencia a esto es que durante la declaración de la última emergencia desde enero hasta junio De las 12 millones de hectáreas solo tuvimos declaraciones juradas por 700.000, el 5% de la superficie.

Lo que se busca modificar con apremio de la sequía y las complicaciones para los productores es el hecho de que la ley hoy vigente que se busca derogar solo beneficia al propietario de la tierra. Un productor arrendatario no puede aplicar a la Ley de Emergencia Agropecuaria vigente excepto que tenga un contrato de arrendamiento con todos sus trámites ordenados. "Por lo general, casi ningún arrendatario se presenta para aplicar a los beneficios de la ley tal como está", indicaron desde provincia.

UNO Santa Fe dialogó con la secretaria provincial de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, quien sobre la nueva ley impulsada postuló: "Cuando declaramos la emergencia en enero para 18 departamentos de la provincia excepto Gral. López, empezamos a trabajar junto con distintas entidades, cámaras y bolsas un nuevo proyecto de ley que ahora está en la cámara de Senadores".

"Lo que planteamos en el nuevo proyecto de ley es otro esquema con el que el arrendatario pueda formar parte y trabajar en lo que tiene que ver con recomposición de capital de trabajo dando créditos a tasas blandas para productores para que puedan además realizar inversiones en sus establecimientos, por ejemplo cuando no llega al grado de emergencia en su afectación", continuó la funcionaria del Ministerio de Producción.

La nueva ley

Durante la última emergencia agropecuaria en la provincia, 12 millones de hectáreas quedaron con la posibilidad de que los productores envíen declaraciones juradas de daños en los cultivos o en las actividades ganaderas y lecheras, para así obtener el certificado de emergencia.

Si el productor tenía más del 50% de la producción dañada obtenía un certificado de emergencia con la prórroga del impuesto inmobiliario rural. Si la afectación era mayor al 80% correspondía un certificado de desastre, con lo que no se paga el impuesto inmobiliario rural por los seis meses que duró la emergencia. "Es bajísimo porque es una ley que no resuelve el problema del productor", indicaron desde provincia.

Las acciones que detalló Carrizo con respecto a las posibilidades que abre el proyecto de ley se enmarcan en "que los productores puedan comprar un molino, que en el norte se pueda hacer captación de agua, plantar árboles, poder tener sistemas de sombreo para la hacienda y mejorar el bienestar animal, poder tener pasturas de calidad bien preparadas para cuando haya una sequía con una buena oferta forrajera".

La nueva ley tendrá como eje la confección de seguros agropecuarios y un fondo que va a venir del impuesto inmobiliario rural. "El 40% de los fondos del impuesto inmobiliario rural va a ir destinado a este fondo, lo que nos va a permitir trabajar en todas estas herramientas de asistencia financiera y el fomento de los seguros agropecuarios", concluyó la secretaria provincial de Agroalimentos.

Fuente:Uno Santa Fe