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15 de junio de 2022

La Oficina Anticorrupción renunció a la querella en el juicio por la obra pública contra Cristina Kirchner

Este martes 14 de junio, la Oficina Anticorrupción anunció al Tribunal Oral Federal 2 que se separaba de su rol de querellante, que llevaba desde 2016, en la causa contra Cristina Kirchner, los ex funcionarios de Planificación de su gobierno y el empresario Lázaro Báez.

La noticia llegó cuando el TOF ya había decidido iniciar los alegatos el próximo 11 de julio.

Así surge de un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, con la firma del abogado Sergio Aleo: "El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido (art. 85, en función del art. 420 del Código Procesal Penal de la Nación) y se dé baja del sistema Lex 100 a los letrados intervinientes".

Esto mismo viene sucediendo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sin embargo, la Oficina Anticorrupción no había renunciado, hasta el momento, en una causa que ya transitara un juicio oral.

Previamente, el organismo había decidido renunciar a todas las querellas de las causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos, separándose de su rol como querellante en la causa Los Sauces y en la causa Hotesur, ante el TOF 5. Más tarde, ocurrió lo mismo en otras causas como cuadernos.

En la causa que investiga los contratos concedidos a Lázaro Báez en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista, el debate comenzó en mayo de 2019. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas.

En esta imputación se investigan la concesión de 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas.

Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, en un juicio oral que recientemente finalizó la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos, luego de tres años.

Durante los mismos, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera presentarían las acusaciones, que finalizarían con la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público.

Fuente:El Liberal

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