La Cámara de Diputados y Diputadas expresó su preocupación por la situación de los trabajadores de Vicentin y de los productores acreedores de esa firma, aunque no lo hizo respecto de la tercera prórroga que otorgó el juez del concurso, Fabián Lorenzini, y que fuera rubricado por la sindicatura

La redacción contaba con el apoyo de la mayoría de los integrantes de la comisión de seguimiento del concurso de Vicentin, un espacio integrado por legisladores de diferentes partidos que permite difundir información de lo que sucede en la causa. Sin embargo, el segundo párrafo de la breve declaración generó la reacción del interbloque Evoución, que componen el radicalismo y la CC Ari.

El texto que se llevó al recinto –que era mucho más suave que el que había redactado originalmente el diputado Carlos del Frade– decía lo siguiente: "La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe declara su preocupación por el futuro del consorcio Vicentin Saic compuesto por 33 empresas, 7.000 trabajadores directos y más de 30.000 indirectos, teniendo en cuenta que el 31 de marzo de este año fue la fecha final del concurso preventivo de acreedores que fuera prorrgado.

También declara su respaldo a lo manifestado por el Banco de la Nación Argentina donde se opone a la tercera prórroga otorgada por el juez del concurso y consentida por la sindicatura del mismo.

Asimismo instamos una vez más al gobierno provincial y nacional para que participen en forma activa en la resolución de la causa Vicentin Saic/concurso preventivo con el fin de preservar las fuentes laborales y la no extranjerización de los recursos".

Fabián Bastía fue quien justificó la posición del radicalismo al decir que comparte la preocupación por los trabajadores, los productores acreedores de la firma, pero marcó diferencias al hablar de la prórroga. En ese punto consideró que es necesario tener tiempo para buscar una solución. Si el segundo párrafo no se eliminaba de la redacción final, Bastía anunció que los integrantes de su interbloque solicitarían permiso para abstenerse.

Eso generó un revuelo porque todos los presentes consideraban de suma importancia poder lograr una votación y una postura unánime frente al tema. A pesar del malestar de algunos diputados, se quitó el respaldo a la posición del Banco Nación. Pero se sostuvo el pedido al gobierno provincial y al nacional de involucrarse para lograr la mejor salida del conflicto en el que la empresa le debe más de 300 millones de dólares al Estado Nacional, a través del Banco Nación, y más de mil millones de dólares a sus proveedores, entre los que se encuentran cientos de productores.

Luis Rubeo, presidente de la comisión de seguimiento, dijo que prácticamente están trabajando en soledad ya que desde la retirada del proyecto del Gobierno Nacional para hacerse cargo de Vicentin ni la Nación ni la provincia volvieron a trabajar en busca de una solución. "Desde el principio los diputados y las diputadas que integramos la comisión acordamos tres objetivos que son la defensa de los puestos de trabajo; la no extranjerización de la empresa; y la recuperación del dinero", sintetizó.

Para Del Frade, la prórroga no se sostiene en el fondo de la cuestión, ya que el nuevo plazo no será para mejorar la oferta sino para darles tiempo a los empresarios de tratar de que la misma genere más consenso. Mientras tanto, los negocios de Vicentin se siguen haciendo a través de Viterra y Glencore.

Con duras críticas al directorio de la empresa, fue Rubén Giustiniani quien propuso el texto final que permitió una declaración unánime de la Cámara. El diputado de Igualdad y Participación dijo que la firma entró inexplicablemente y de golpe en cesación de pagos a fines de 2019, ya que en los dos años previos había pasado de ser la cuarta empresa exportadora de granos en el país a ser la primera. Mientras que de acuerdo a su facturación pasó del puesto 26 al 11 en el mismo período.

"Entre agosto y diciembre de 2019 desaparecieron 1.350 millones de dólares que hizo que Vicentin entrara en concurso", cuestionó.

Rubeo agregó que la oferta que había realizado Vicentín proponía una quita del 80 por ciento de la deuda del Banco Nación y un pago a 15 años del resto. Mientras que al momento de buscar una solución dijo que hay un grupo de pequeños y medianos acreedores granarios que quieren un proceso cramdown que permitiría un proceso de salvataje de la empresa apartando al actual directorio.

Por último, Palo Oliver dijo que aceptaba los cambios a pesar de no estar de acuerdo con los mismos. "Se puede ser prudente, pero eso no puede ser sinónimo de tibieza. Desconocer la posición del Banco Nación es ser funcional a un directorio que defraudó al Estado en 300 millones de dólares y al total de acreedores en 1.500 millones de dólares", cuestionó.

"El apoyo a la posición del Banco Nación no es caprichoso y tampoco es lo mismo que esté o no el respaldo de la Cámara de Diputados", dijo y finalizó: "Apoyar la posición del directorio del Banco Nación es decirle a ese grupo de empresarios que defraudó qe no vamos a permitir que se licúe la deuda que tienen con el Estado Argentino como sucedió en otros momentos de la historia argentina".

Fuente:Uno Santa Fe