El actual asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad nacional llegó temprano a declarar el día que cerró la quinta jornada de debate en el Centro de Justicia Penal. En una extensa exposición repasó los puntos más salientes de la investigación y formuló declaraciones con fuertes implicancias políticas. “Cuando me metí con las estructuras de protección policial, judicial, política y con el lavado de dinero me echaron”, dijo a la prensa antes de entrar al edificio.

Entonces planteó que existe una “protección estatal” al crimen organizado e indicó que al gobernador Omar Perotti “le doblaron la mano” cuando quiso avanzar sobre los vínculos entre política y narcotráfico. “Nos metimos con las estructuras de protección policial y me echaron. Santa Fe no está a la altura de lo que se requiere para este nivel de diversificación criminal”, lanzó.

Horas más tarde, después de las 11, llegó su turno de exponer ante los jueces María Isabel Mas Varela, Patricia Bilotta y Alejandro Negroni. Enérgico, gesticulando con las manos y sin privarse de ironías, se explayó ante las preguntas de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El licenciado en Ciencia Política y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) relató que trabajaba en la Agencia Federal de Inteligencia cuando en 2014 fue convocado por el entonces senador Miguel Lifschitz para asistir en la implementación del nuevo sistema penal en Santa Fe.

El desembarco

En 2018, ya como gobernador, Lifschitz le pidió que se pusiera al frente del recién creado Organismo de Investigaciones, cargo para el que concursó y al que orientó en investigaciones en criminalidad compleja. “Ya en 2008 se veían en Rosario organizaciones con un nivel de diversificación y complejidad que no se veían en otros lugares”, dijo. Una situación que atribuyó ya no a un favorecimiento o regulación del delito por agencias estatales sino a que “se quebró la capacidad de regulación ilegal del Estado en el componente policial”.

“Entre 2010 y 2012 las organizaciones criminales empezaron a controlar sectores de la policía y a dar órdenes. Lo vimos en el juicio contra Los Monos. Rosario es un caso único en la Argentina: los policías están subordinados a los líderes de las bandas criminales. Y creo que en este caso pasa lo mismo”.

La causa Alvarado

Sain sostuvo que, al asumir el 19 de diciembre de 2018, la investigación contra Alvarado “tenía una relevancia pública enorme”. Un mes antes había sido asesinado el prestamista Lucio Maldonado, crimen que impulsó el seguimiento a la banda. “Al día siguiente de asumir hubo un allanamiento en una casa de Alvarado en una isla frente a Rosario a partir de la declaración de un testigo reservado”, evocó Sain, quien se enteró del tema por “la prensa” y al advertir que se trataba de un tema sensible pidió una reunión con los equipos de trabajo.

"En ese encuentro, –continuó Sain–, el policía Pablo Báncora, quien trabajaba muy cerca de los fiscales que investigaban a Alvarado y luego fue condenado por brindarle protección al narco empresario, narra el procedimiento del 20 de diciembre en la isla y cuenta los detalles: que aparece en una lancha la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas. Pero eso no estaba consignado en el acta de procedimientos y se lo reproché. Así empezó nuestra intervención en esto”.

El exministro de Seguridad de Omar Perotti, cargo al que renunció con distintos frentes abiertos en marzo de 2021, relató que el 31 de enero de 2019 fue personalmente hasta la casa de una empleada de la Fiscalía que investigaba el estado patrimonial de las bandas criminales y que sufrió una balacera contra su propiedad de barrio Martín. Un atentado que luego se atribuyó a Alvarado y se considera una maniobra de este para inculpar a gente de Los Monos. Dijo que entonces comenzó a sospechar que alguien del núcleo de la investigación había aportado el domicilio de la funcionaria y nacieron las sospechas contra Báncora.

Dos días después, el 2 de febrero de 2019, Alvarado fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero donde se rescató del agua un teléfono celular con mensajes comprometedores que debieron ser desencriptados en Estados Unidos. Sain dijo que entonces se comenzó a trabajar sobre la estructura de una asociación ilícita con estamentos diferenciados entre gatilleros, la gestión empresarial y de dinero y la protección policial.

“Estábamos frente a una estructura criminal y había que darle una matriz investigativa distinta. Era la primera investigación de este tipo”. Por entonces, dijo, el OI funcionaba en un precario entrepiso bajo un “tinglado” de Moreno al 1000. “Ahí empezamos a investigar a Alvarado”. Recordó que con fondos reservados se alquiló un departamento céntrico donde se reunían los equipos para trabajar con mayor reserva.

Las conexiones

Una de las líneas del OI en la causa Alvarado consistió en formar un equipo para investigar las relaciones del sindicado líder de la banda con policías: “Gran parte habían reportado en la vieja Dirección de Drogas Peligrosas, siempre reprochada de tener vínculos con el narcotráfico. Vimos la estrecha relación de (la exjueza federal Laura Inés) Cosidoy con todo ese grupo de policías. Cuando terminó el gobierno de (Jorge) Obeid uno de los referentes de este grupo, (Alejandro) Franganillo, quedó al frente de Drogas Peligrosas. Cosidoy lo convalidó. Eran viejos lobos de mar”, dijo Sain.

También contó que se estudiaron los legajos de estos uniformados y se descubrió que “después todos terminaban sus carreras en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Algo pasaba en San Lorenzo que los atraía tanto”. Entre otros policías mencionó a Ernesto Andreozzi, “que se retiró y es chofer del senador provincial Armando Traferri”.

“Al procedimiento histórico de la isla fue un abogado con la doctora Rodenas, subordinada al titular de su organización política que es Traferri” continuó diciendo Sain. “Rodenas aparece en la isla con el abogado histórico de Alvarado y eso nos tiene que llamar la atención. La que se puso en la escena fue la entonces diputada nacional”.

Luego, el exministro añadió: “Muchos de los policías que en juicios abreviados reconocieron tener relación con Alvarado terminaron con destino en San Lorenzo. Lo que nos lleva a tratar de interpretar si no había un lazo de protección judicial cuando Rodenas se desempeñaba aquí (en el Poder Judicial) o en la política. Porque después aparecieron varios audios en los que Alvarado decía «hay que hablar con la doctora a ver si nos da una mano». Esto nos ponía en un foco de análisis muy particular”.

En esa línea, Sain sostuvo además que el por entonces fiscal regional Patricio Serjal, luego destituido y acusado de proteger el juego clandestino, quiso postergar para después de las elecciones la audiencia imputativa contra Alvarado para que no trascendiera el nombre de la vicegobernadora: “Lo hace a título político de su área de influencia que era Traferri. En ese momento no estaba la causa (de Leonardo) Peiti, pero terminó preso por ese conjunto de vinculaciones. O sea que tan equivocados no estábamos. Hasta que en Santa Fe no se corten estas complicidades va a haber dolor y sangre”.

Nadie quedó afuera

En otra parte de su relato, Sain afirmó: “Los policías involucrados han llegado hasta acá por una conexión política. Hubo un acuerdo entre Traferri y (el exministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro para designar al jefe de la Unidad Regional XVII, Gonzalo Paz. Pullaro salió a defenderlo públicamente. Nos quedaba absolutamente claro que había una protección policial a estos grupos a lo largo de toda sus carreras. Estábamos seguros que la mayoría de los gobernadores ponían y sacaban a los jefes regionales”.

Ante eso, admitió: “Como ministro intervengo la Unidad Regional XVII porque acá para dar con un buen policía hay que hacer arqueología. Vimos que en San Lorenzo había un foco muy fuerte de connivencia de sectores de la política y policiales con grupos criminales. Había una presión muy grande de Traferri para que le den la posibilidad de llenar los casilleros en los ministerios de Seguridad y de Justicia y había un abogado operando para eso”.

“Acá se dijo que esto era una estrategia de persecución política contra el peronismo”, agregó Sain. “Bajo ningún punto de vista. Esta investigación se hizo contra los que nosotros consideramos que eran delincuentes”.

Quevertoque

Sain contó que también investigó a Luis Quevertoque, quien fue jefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales que investigó a Los Monos en 2013. “Quevertoque formaba parte de la brigada que comandaba Cristian «Carancho» Romero. En esa brigada estaban los dos Lotito y Ramonda. Cuando fue el juicio de Los Monos, «Monchi» Manchuca dijo varias veces que perseguían a los Cantero porque querían darle todo el negocio a Alvarado. Hay que decir una cosa. El juicio tuvo una prueba incontrastable, contundente. Pero quedó eso de los dichos de «Monchi»”, dijo Sain.

En ese sentido, remarcó: “Cuando se ven los expedientes se observa un accionar parcial de la Brigada”. E indicó que se puso bajo la lupa el accionar de Judiciales y pudo observarse que Quevertoque “no era un policía más, era alguien que operaba desde afuera para el grupo de Alvarado”. También manifestó: “Quevertoque y Adolfo Tanzi (dueño de camiones y transportista de mercaderías) custodiaban los cargamentos. Por eso la Policía de Seguridad Aeroportuaria recomendó abrir un expediente". "Tenían relación con Delfín Zacarías (un narco que cumple condena tras caer en 2013 en una cocina que tenía en Funes). Tenían avionetas que abastecían de droga a la organización. Hicimos una reinterpretación de la relación de la Brigada con Luis Medina y Alvarado”, indicó el exministro.

La secretaria

Sobre Ana Viglione, extitular de la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, Sain dijo que “era una persona del núcleo íntimo de Maximiliano Pullaro, una persona de su confianza”. Indicó que “sobre ella hay una investigación judicial que está rumbo a juicio por falso testimonio, donde hay un reproche importante porque se la denunció como protectora de Alvarado. Algo que ya había denunciado el comisario Gustavo «Gula» Pereyra (quien prestará testimonio la semana que viene) en sus investigaciones en el marco de la causa de Los Monos. Él informaba situaciones y Viglione las desestimaba”, indicó Sain.

También el exministro y exdirector de la OI contó cómo se realzaban los perfilamientos. “Todo se realizó en base a información pública y es algo de uso normal cuando tenés que trabajar en una causa”, indicó.

Investigación patrimonial

Finalmente, Sain contó que cuando se comenzó a realizar la investigación patrimonial de Alvarado desde la OI se puso en la mira “toda propiedad de relevancia para el grupo”. “Fiscalía hizo un trabajo registral y en junio de 2018 ustedes (por los fiscales Edery y Schiappa Pietra) reconocieron un conjunto de personas que se dedicaban a gestionar empresas. Entre ellos Benegas. Así aparecen las empresas Santino y Toia, que están en la causa federal de Río Negro (por la que está siendo juzgado Alvarado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario por el transporte de 494 kilos de marihuana, causa en la que ya fueron condenadas cuatro personas). No fue una investigación económica, fue una investigación en la que se veía a muchos familiares que participaban de la asociación ilícita. Compra y venta de propiedades y todo tipo de información económica de empresas”, indicó Sain.

Fuente:Uno Santa Fe