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POLITICA

5 de noviembre de 2021

Hubo tres horas de debate, tras la destitución de Sain

Críticas mayoritarias y apoyos en minoría para el ahora ex director del Organismo de Investigaciones. El hombre que ocupó el centro del ring en medio de una dura pelea política, cayó por no cuidar sus manifestaciones públicas partidarias.


A las 15.25 de este jueves 4 de noviembre, la Sesión Conjunta de ambas Cámaras dispuso remover de su cargo al Dr. Marcelo Sain que se desempeñaba como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Además, fue inahabilitado por diez años para volver a presentarse a un cargo para el MPA.

Los números que logró la decisión fueron elocuentes y aunque bastaba con la mayoría absoluta hubo dos tercios para cada cuerpo al votar. En el Senado, con un quórum de 16 miembros de la cámara 12 se expresaron por expulsar al ex ministro de Seguridad de Santa Fe y 4 lo hicieron en sentido contrario. En Diputados, a su turno, con 47 bancas ocupadas de manera presencial o remota apoyaron el dictamen de remoción 38 de sus integrantes y 9 votaron por la negativa.

Sain fue separado de su cargo por realizar actos de proselitismo, es decir, por sus publicaciones permanentes en redes sociales y expresiones periodísticas que muestran su afinidad política y partidaria, a pesar de volver a desempeñarse en el Poder Judicial.

El senador Lisandro Enrico (UCR-General Obligado) expuso como miembro acusador los casos en los que Sain no respetó el mandato constitucional del artículo 89 que impide a a los funcionarios de la justicia participar "de manera alguna" en política. Fue removido porque en su cuenta de twitter y en sus apariciones públicas fue difícil advertir cambios entre el momento en que además de director del Organismo de Investigaciones era también ministro de Seguridad respecto del lapso posterior, entre su renuncia y esta expulsión. El caso es interesante porque -como bien se ocupó de señalar el jefe del oficialismo en Diputados, Leandro Busatto- hay muchos más integrantes de organismo técnico que encabezada Sain y del propio MPA que también forman parte de la actividad política partidaria, incluso con cargos de delegados o posteos abiertamente partidarios en el marco del debate nacional del kirchnerismo y el antikirchnerismo.

Lisandro Enrico (UCR-General López) presentó la denuncia contra Sain ante Acuerdos, luego actuó como su acusador y expuso el caso ante la sesión de ambas cuerpos. También votó favorablemente por el dictamen que recomendó la remoción con inhabilitación por diez años. Foto: Manuel Fabatía

Acaso ese argumento, el único que no fue respondido por radicales, socialistas, justicialistas y celestes que optaron por desplazar a Sain, fue el que mejores réditos pudo darle al oficialismo. Pero se optó en cambio por una interpretación que parece parte de la argumentación jurídica -que de concretar su adelanto- seguirá el juicio que el bonaerense se ha propuesto iniciarle a Santa Fe. Una vez más el caso del ex titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Gabriel Ganón, volvió a mencionarse en el debate, porque si bien no fue removido de su cargo, por un proceso similar aunque mucho más extenso fue suspendido hasta la finalización de su mandato, lo que ha significado un juicio contra el Estado.

El oficialismo justicialista y otros bloques que fueron sus circunstanciales aliados por izquierda buscaron presentar al caso contra Sain (al igual que el ex ministro) como una "persecución política". Y centraron sus esfuerzos en esa dirección Matilde Bruera y Busatto, desde el peronismo, Rubén Giutiniani desde el el socialismo crítico y Carlos del Frade y Dámaris Pachioti desde Ciudad Futura del Frente Social y Popular.

Otro argumento fuerte que termina por apoyar a Sain provino de Giustiniani. Advirtió que en el acto de expulsar de su cargo a alguien por sus posiciones públicas anidaba una forma de censura que genera una eventual discrecionalidad futura que puede ser un peligro.

Una lectura política

Enrico no se privó de hacer más consideraciones políticas sobre Sain y su rol en el gobierno y en el MPA, además de blandir la acusación por mal desempeño al violarse la imparcialidad que se espera de un funcionario judicial. Mencionó el "grotesco" que el gobierno vivió con cada uno de los audios supuestamente filtrados en los que Sain destrataba a policías, dirigentes opositores, o el propio gobernador Perotti. Le siguió el diputado radical que preside el bloque Juntos por el Cambio, Julián Galdeano, que habló del "daño institucional" que causó el clima creado por el ex ministro y señaló con preocupación todas las oportunidades en las que los fiscales llevados a juicio por coimas en un caso y Sain en otra oportunidad buscaron mediante amparos eludir sanciones de la Legislatura.

Más enfático, Juan Cruz Cándido, también de la UCR explicó que hubo dos tipos de confusiones en Sain porque tuvo un pie en el Poder Ejecutivo y otro en el Poder Judicial, pero también "confundió el Estado con el partido".

En nombre del bloque socialista, su presidente Joaquín Blanco, advirtió que su partido tenía la autoridad moral de poder hablar sobre Sain porque se había confiado en el ex diputado provincial del peronismo para que diseñe y luego se presente a un concurso que ganó sin objeciones, pero también advirtió que la confusión de roles que siguió después al asumir como ministro y guardar su lugar en el MPA gracias a una licencia sin goce de sueldo no tiene antecedentes en la historia política santafesina. Dijo que su bancada rechaza los fueros y advirtió que era hora de avanzar con una reforma en ese sentido. Advirtió que Sain ejerció actos de "inteligencia ilegal".

Fabián Palo Oliver se disculpó por leer, pero el radical leyó un documento recomendable por su claridad. Se ocupó del tema para el que la sesión conjunta había sido convocada y entendió que "jamás debió haber vuelto al MPA porque precisamente hay hoy fiscales que investigan su gestión como ministro" por la licitación para la compra de armas que paró la justicia provincial y luego el Ejecutivo corrió el pliego sospechado de estar direccionado.

Legisladores del PJ condenaron la "desviación de poder"
Un comunicado que lleva la firma de los diputados Leandro Busatto; Matilde Bruera; Lucila De Ponti; Ricardo Olivera y los senadores Ricardo Kaufmann; Cristina Berra; Marcos Castelló; Marcelo Lewandowski; Alcides Calvo y Eduardo Rosconi señalaron sus reparos a la votación concretada hoy en la Legislatura que separó del cargo a Marcelo Sain como la inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años.
Señala el escrito que "en el día de hoy, teniendo en cuenta que la medida cautelar presentada por el Dr. Marcelo Sain aún no se resolvió, entendemos que no se podía avanzar sobre el orden del día de la Sesión Conjunta. Ante esa situación, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, solicitó un cuarto intermedio hasta tanto la justicia laboral se expida, garantizando así el debido proceso, la división de poderes y el respeto a las instituciones".
Agrega que "sin embargo, distintos sectores políticos decidieron avanzar en la destitución. Entendemos que tal determinación no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se toma ignorando la ley, ante tribunales superiores".
Finalmente los legisladores entienden que "que la ley Nº 14.016 constituye un claro ejemplo de "desviación de poder", ya que su única finalidad fue remover al Director del Organismo de Investigación. Desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona. Por otra parte, la acusación que se hace sobre él, suponiendo que efectivamente haya ocurrido el ejercicio de "actividad política" por la publicación de algunos tuits, no puede de ningún modo implicar la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico: la remoción del Organismo e inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años. La falta de razonabilidad de la pena es evidente".

Fuente:El Litoral

 

 

 

 

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