La presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, encabezó la sesión ordinaria en la que el Senado de la Nación convirtió en ley el alivio fiscal para Pymes y organizaciones sin fines de lucro y la estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas frente a la pandemia de Covid-19, incrementó el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, prorrogó la ley de emergencia territorial indígena y estableció derechos, garantías y deberes del Estado hacia las personas jóvenes. En primer término, el Senado prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2025 los plazos de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras. Asimismo, dispuso la asignación de un crédito anual destinado al fondo especial creado por dicha ley, para los próximos cuatro ejercicios presupuestarios. A lo largo de los últimos años, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relevó 742 Comunidades sobre 950 identificadas como punto de partida, pero hay casi 1.000 comunidades indígenas que solicitan su inscripción y se encuentran pendientes de relevamiento.

Además, la Cámara modificó el Art. 24 de la ley 23.966 de impuesto sobre los Bienes Personales a fin de incrementar el mínimo no imponible a 8 millones de pesos y, en el caso del inmueble destinado a casa-habitación, estableció un piso de 50 millones de pesos. Entre los fundamentos del proyecto, los senadores explicaron la necesidad de actualizar los valores mínimos de este tributo dado que, de lo contrario, se comenzaría a gravar a contribuyentes que deberían estar al margen de este impuesto, como aquellos que poseen un automóvil pequeño y un terreno en donde aspiran a construir su primera vivienda.

Asimismo, el Senado convirtió en ley la Estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, afectadas por la pandemia de Covid-19. La ley tiene el fin de garantizar la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, socioculturales, económicos, geográficos y pedagógicos, que se vieron profundizadas por la pandemia, y el derecho al desarrollo personal y social de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, la continuidad de su trayectoria escolar y la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades.

En la misma línea, la Cámara aprobó el proyecto venido en revisión de alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19. La norma condona las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de agosto a Pymes, organizaciones sin fines de lucro, cooperativas, asociaciones civiles, clubes de barrio, bibliotecas populares, bomberos, entre otras, y amplía y prorroga en forma excepcional la moratoria de regularización de obligaciones tributarias aprobada por la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, y modificada por la ley 27.562.

El Senado aprobó también el proyecto que instituye un marco normativo integral y establece derechos, garantías y deberes del Estado con las personas jóvenes, así como la implementación de políticas públicas, la articulación intergubernamental y la coordinación federal que permita desarrollar iniciativas destinadas al segmento comprendido entre los 18 y los 29 años. Entre otros lineamientos, plantea su derecho a la no discriminación, a la educación y la educación sexual, a la salud, al trabajo, al tratamiento y la prevención ante el consumo problemático, a la seguridad social, la libertad sindical, la inclusión digital, la participación política, la equidad de género, la intimidad, la cultura, el deporte y la recreación, el acceso a la vivienda, la tierra y el ambiente.

Durante la sesión, además, la Cámara alta aprobó la cesión de tierras para la creación del Parque Nacional Islote Lobos, el número 40 de nuestro país y el segundo de la provincia de Río Negro, en un área natural protegida ubicada sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de esa provincia. También, dio consentimiento a la transferencia de inmuebles a la Municipalidad de Río Turbio, en Santa Cruz; a la Municipalidad de Piedra del Águila, en Neuquén, y a la provincia de Catamarca, además declarar como Monumento Histórico Nacional al edificio de la Secretaría de Cultura en la ciudad de Mendoza.

Fuente:El Liberal