La legisladora Elisa Carrió volvió a dejar en claro que no tiene ningún problema en hacer denuncias incendiarias hacia el gobierno de Mauricio Macri y salió a alertar hoy que "todo el sistema político y judicial" defiende al exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, después de que le dictaran la falta de mérito en la causa "Sueños Compartidos".

Para Carrió, a De Vido lo protegen "porque si habla puede comprometer a jueces, empresarios y sectores del propio Gobierno".

"Algunos de este gobierno, no Mauricio, pueden querer que se proteja a De Vido porque De Vido hacía favores a todos, a los gobernadores, a los intendentes. Acá hay una orden: proteger a Aníbal (Fernández) y proteger a De Vido. Hay una orden escrita de 'omertá'", dijo, para que la mano de la Justicia no llegue al actual diputado a quien, según recordó, en 2004 calificó como "el cajero de Néstor Kirchner".

En declaraciones a radio Mitre, Carrió enfatizó: "Estas cuestiones la gente las tiene que saber y yo estoy dispuesta, aunque me maten, me digan lo que me digan, a que el pueblo sepa toda la verdad".

La legisladora habló un día después de informar que uno de los denunciantes que la acusó de presunto "enriquecimiento ilícito" recibió 1.500 pesos a fin de que avanzara una causa en la que la dirigente quedó formalmente imputada.

"Hace seis meses que denuncié esta operación y es el Gobierno mismo el que debe estar interesado en saber quiénes me hacen las operaciones falsas y si hay personas directas o indirectamente vinculadas al Gobierno, a la AFI, a inteligencia de la provincia de Buenos Aires, al señor 'Fredy' Lijo, al señor (Sergio) Massa, al señor (Cristian) Ritondo", alertó.

Carrió insistió en formular ese reclamo a la Casa Rosada: "Tiene que averiguarlo porque soy una aliada central del Presidente. El Presidente no tiene nada que ver con esto y estoy segura que (el jefe de la inteligencia nacional, Gustavo) Arribas tampoco".

La fiscal Paloma Ochoa requirió al juez Daniel Rafecas investigar a Carrió, quien ayer alertó sobre un pago de "1.500 pesos" al denunciante, el albañil Saúl Enrique Paz.

"Esa persona declaró que no quería denunciarme, que se había acercado alguien seguramente vinculado a la SIDE, que le pagó 1.500 pesos, lo llevó a Comodoro Py y le hizo firmar un papel", contó la diputada nacional esta mañana.

FUENTE: TN