La mesa de enlace agropecuaria convocó a un cese de comercialización de hacienda desde mañana hasta el viernes de la semana próxima, en rechazo a la decisión del gobierno nacional de suspender por treinta días las exportaciones de carne. El presidente Alberto Fernández, explicó ayer que la medida se tomó para “ordenar” el mercado y “volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de los argentinos”.

El propio Fernández comunicó la decisión el lunes a los representantes de los frigoríficos exportadores. Dijo que busca restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Y dijo que el período de limitación podría reducirse si se generan resultados positivos. “Se desmadró claramente la situación”, dijo.

Ya a principios de año, el gobierno había suspendido el registro de exportaciones de maíz, ante el reclamo de productores de proteínas animales que tenían dificultades para abastecerse de ese insumo. Esa medida duró apenas unos días porque surgió un compromiso de armar una mesa sectorial que atendiera los faltantes y la volatilidad de precios.

Esa experiencia se replicó luego en distintas mesas de acuerdos con empresarios y sindicalistas. Pero los precios no aflojaron y en el gobierno ganó peso la percepción de que los sectores empresarios lo estaban desafiando. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, resaltó el compromiso de los sindicatos con la desinflación y lo contrastó con el de las empresas. Es probable que la entronización de un “duro” del sector alimentario al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA) haya atizado el alerta, que además empoderó al espacio kirchnerista más afín a extremar los controles de precios.

La economista y diputada nacional Fernanda Vallejos pidió hace una semana avanzar en el “desacople” del precio de los alimentos del mercado externo, a través de cupos de exportadores, cierres y aumento de retenciones a los commodities. En un informe que difundió ayer, señaló que las familias argentinas están destinando el 20% del gasto promedio del hogar a la compra de carne debido a los incrementos de precios. Recordó que el consumo per cápita anual de 58,6 kilogramos en 2015 bajó 51 en 2019 y a 43,74 kilo. Propuso “establecer cupos”, para garantizar un consumo mínimo per cápita de 50 kg anuales”.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró la inflación en el último año, según el IPC, fue de más del 40% y el aumento de la carne fue de 65% en promedio. Fernández, por su parte, enfatizó la importancia de “poner en orden el Mercado de Liniers” porque “no es posible que los exportadores que venden a China vayan a comprar ahí y tergiversen el precio del mercado interno”.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) expresó en un comunicado que compartía los fines que persigue el gobierno pero consideró que “las restricciones comunicadas en nada colaborarán para su alcance”.

Más radicalizada, mesa de enlace convocó a un cese de comercialización de hacienda hasta el viernes de la semana próxima. “Este es el comienzo de un paquete de medidas que, si no tenemos una respuesta clara y concreta y que responda a los pedidos del sector, vamos a ir incorporando diferentes metodologías y a otros sectores afectados”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Curiosamente, pidió que “no suene como una amenaza”. a protesta de los ruralistas encontró consenso entre algunas cámaras frigoríficas y de exportadores que rechazaron la medida oficial.

David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) señaló que “las intervenciones pueden bajar los precios de la carne en el corto plazo” pero no en el mediano. Al final, dijo, “vamos a tener los mismos precios pero menos producción, empleo inversión y exportaciones” , dijo. Señaló que “a cadena de carne de vaca genera más de u$s 3.000 millones anuales en exportaciones y más de 400 mil empleos, de los cuales más de 100 mil se generan en el circuito de exportación.

El director ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, opinó que el gobierno “debe entender que exportar es una bendición y no un castigo, da trabajo en el país y genera divisas que tanto hacen falta”. Precisamente, por este conflicto, se pospuso el lanzamiento del Rosgan faena, una palatafoma de comercialización para el consumo y la exportación.

En línea con la postura del gobierno, el ex director de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, advirtió que si no se avanzaba en esa dirección “cinco frigoríficos se llevaban puesto al gobierno”.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, aseguró que el gobierno está dialogando con el sector productor de carne vacuna para definir una serie de medidas que ordenen el mercado y que permitan “garantizar cortes populares, como el asado y vacío, a un buen precio y que el resto se pueda comercializar y exportar”.

Canasta

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza de una familia, se desaceleró al 3,4% en abril, y se ubicó por debajo de la inflación general del mes (4,1%). Así lo informó ayer el Indec. Una familia de cuatro integrantes necesitó $62.958 para no ser considerada pobre, una cifra que equivale a casi tres salarios mínimos. En tanto, la canasta alimentaria, que traza la línea de indigencia, aumentó 3,9% durante abril y alcanzó $ 26.676 para un grupo familiar.

Fuente:La Capital