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POLITICA

12 de mayo de 2017

Carrió denunció a Gils Carbó: pide investigar más operaciones inmobiliarias sospechosas

Además, ponen el foco en el manejo del presupuesto de la Procuración General de Justicia por parte de la jefa de los fiscales.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sigue en el centro de la polémica. Los diputados nacionales por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió y Fernando Sánchez, se presentaron ante la Justicia para solicitar que se investiguen sus operaciones inmobiliarias y pidieron que se revise el manejo del presupuesto de la Procuración.

Para la denuncia, Carrió y Sánchez aportaron nuevos elementos de prueba para la causa. Piden en el escrito que “en el marco de la causa en la que se investiga la conducta de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, se investiguen los hechos que se exponen en la presente denuncia, los que podrían configurar delitos”. Los diputados nacionales piden que se investiguen las compras y locaciones realizadas por la Procuración.

Las operaciones sobre las que pidieron explicaciones son la adquisición del inmueble ubicado en Corrientes 1615, la compra del mobiliario de ese departamento, y un contrato de locación con VBR Group S.A. firmado con fecha 17 de diciembre 2015. Esto permitió que a fines del año 2015 se realizara una transferencia hacia la Cuenta Corriente radicada en el Banco de la Nación Argentina del importe de $ 11.067.863,29 a favor del Ministerio Público Fiscal referido a diecinueve órdenes de compras.

Según explican en el escrito, la transferencia fue autorizada por la Procuración General de la Nación, hecho que permitió, de manera excepcional y en contravención con la normativa vigente, aplicar fondos y efectuar pagos en el marco del presupuesto 2015, respecto de ejercicios futuros, es decir pagando gastos comprometidos pero no devengados en el 2015. Esto, explicaron los diputados, contrapone lo prescripto por la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. También figura la adquisición de un inmueble con destino a la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF) y la locación del edificio ubicado en Perú 143.

El juez a cargo de la causa es Rodolfo Cresseri y la presentación forma parte de la causa iniciada luego de una denuncia del fiscal José María Campagnoli.

En su presentación, Carrió y Sánchez insisten en que se investiguen estas maniobras: “Nos encontramos ante operaciones que podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la ley 24.156”.

Todos estos hechos de prueba aportados a la causa por Carrió y Sánchez serán a ser agregados al pedido de juicio político a Gils Carbó presentado en 2013 y ampliado en 2016 en la Cámara de Diputados de la Nación.

 

FUENTE: CLARIN

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