A través de una carta, el apoderado legal de la compañía, Santiago Ramos, solicitó "la renuncia indeclinable" de Vicentin "al carácter de “asociada activa” número 4499" y que "se ordene el archivo del sumario disciplinario ordenado por la resolución de mesa ejecutiva".

Además, sostuvo que "muchos de los integrantes" de la Mesa Ejecutiva de la BCR, órgano que dispuso la investigación, "reflejan un evidente conflicto de interés en el caso".

En ese sentido, indicó que esos directivos son "accionistas de empresas que resultan ser acreedoras" de Vicentin, además de "tener la intención de asumir el rol de acusadores en los procesos penales en trámite, circunstancia que sin dudas fortalece nuestro convencimiento en relación a la falta de objetividad de aquellos en la toma de todas las decisiones pasadas y futuras que se adopten (por parte de la BCR)en lo concerniente al comportamiento de Vicentin".

Días atrás, la cerealera recibió la notificación sobre la resulución de la Mesa Ejecutiva de la BCR de avanzar con un sumario interno sobre Vincentin "a fin de investigar su comportamiento comercial, profesional y ético, y la posible comisión de conductas reprochables estatutaria o legalmente, de acuerdo a los considerandos expuestos …”.

Según sostuvo la empresa, el sumario está vinculado con "información publicada en diversos medios, en fecha reciente se habrían iniciado diferentes causas penales por ante la Fiscalía Regional de Rosario en las que la parte querellante habría solicitado que se investigue a los integrantes del Directorio de Vicentin S.A.I.C. presumiendo que pueden haberse cometido diversos delitos tales como presunta estafa en perjuicio de sus acreedores y presentación de balances falsos …”.

Al respecto, la carta de renuncia sostiene que "ni la sociedad ni los miembros del directorio han sido imputados, ni procesados, ni mucho menos condenados por sentencia firme, rigiendo a tal respecto la “presunción de inocencia” consagrada por las normas constitucionales y legales respectivas".

Además, resalta que "la iniciación del sumario disciplinario por parte de esa institución, claramente contradice el mentado principio constitucional, causando a la sociedad que represento y a los miembros del directorio, gravamen irreparable que afecta su buen nombre y honor, pues no media en el caso comisión de ilícito penal de ninguna especie, y mucho menos inconducta comercial y/o profesional y/o ética, y/o afectación de disposiciones estatutarias y/o reglamentarias de esa entidad".

Con respecto a las denuncias sobre el mano de la firma, afirmó que las mismas obedecen a "cuestionables intereses que guían a multitud de fantasiosos denunciantes que, con mayor repercusión en medios periodísticos antes que judiciales, claramente buscan sin disimulo obtener privilegios particulares que la ley les niega en el marco de la igualdad de acreedores que debe regir el concurso preventivo".

Fuente:A24