En un comunicado, el SPR expresó que "considera que los funcionarios públicos, por ser tales, siempre deben ser más tolerantes que las personas particulares respecto de las opiniones adversas que se planteen sobre algún aspecto de su gestión. En este caso, nos parece inapropiada la adjudicación- casi una imputación-, de un lugar de representante o vocero de quienes desarrollan actividades delictivas. Esa adjudicación, como el ministro entenderá, tiene peso estigmatizante sobre Maronna, que es el que creemos debió evitar. El ministro Saín –y los funcionarios públicos en general-, tiene la libertad de disentir, debatir, polemizar y hacer el análisis que considere pertinente sobre el trabajo periodístico, con opiniones que no superen el límite de los hechos puestos en cuestión y sin apuntar innecesariamente sobre la persona de los periodistas".

Y cierra con: "La libertad de expresión que permite el debate público de ideas y opiniones, y en especial el derecho a la información de la sociedad, son bienes que deben ser preservados. El trabajo periodístico resulta el nexo vital entre la sociedad y la información, indispensable para la democracia".

Fuente:La Capital