La pelea por la herencia económica en la provincia escaló en la última semana, luego de que el gobierno de Omar Perotti redoblara su ofensiva para declarar la emergencia. En su capítulo económico, la iniciativa incluye un pedido de autorización para endeudarse por $ 15 mil millones y otro para flexibilizar el límite de financiamiento de gasto corriente con recursos presupuestados para erogaciones de capital.

Luego del rechazo de Diputados al proyecto de declarar una amplia emergencia en la provincia, el Ejecutivo insistirá con el pedido, pero por áreas. Con ese horizonte, varios ministros salieron a exponer el estado de las cuentas públicas en modo de “pesada herencia”.

La titular de Infraestructura, Silvina Frana, expuso que el gobierno de Miguel Lifschitz dejó $ 3.000 millones en deudas por obra pública y $ 5.000 millones por facturas impagas en la compra de energía eléctrica mayorista. Horas antes, el jefe de Economía, Walter Agosto, había contabilizado el déficit total de la provincia en $ 15 mil millones para 2019, casi el doble de lo informado hasta noviembre. También reiteró que recibió una deuda flotante superior a $ 22.000 millones. Y puso en duda el nivel de acreencias de Santa Fe con la Nación por distintos ítems, desde la deuda histórica hasta las transferencias nacionales para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, pasando por el efecto en la recaudación de la suspensión del IVA a la canasta básica y la reducción de Ganancias.

La crítica disparó una guerra de números. O, más bien, de interpretaciones. Es que los ex funcionarios del Frente Progresista no discuten las cifras sino su incidencia en el contexto general. Sobre todo, cuando se las relaciona con dos variables: el impacto de la crisis nacional y la magnitud del presupuesto de Santa Fe, de $ 300 mil millones en 2019 y $ 400 mil millones en 2020.

Contra esa vara, la primera línea de la gestión anterior salió a responder. Pablo Farías, ex ministro de Gobierno, dijo que el rojo es inferior al 5% del presupuesto y al 0,5% del PBG, un nivel que consideró razonable en el contexto de crisis nacional. Gonzalo Saglione, ex titular de Economía, subrayó que a fines de noviembre el déficit financiero acumuló $ 8.200 millones (el resultado primario fue favorable en $ 16 mil millones), con una tendencia superavitaria desde julio. Y consideró, contra el cálculo que presentó Agosto, que ese resultado se habría mantenido al cierre del año. Incluye en esa cuenta los montos por cobrar a la Nación por compensaciones impositivas y las transferencias para la Caja, más allá del debate sobre su monto.

El ex director de Vialidad Pablo Seghezo dio pelea por la obra pública. Dijo que la deuda expuesta por Frana equivale a 45 días de certificados de obra y es “lógica” en el plan de infraestructura vial “sin precedentes” que atribuyó a la anterior gestión. “Dejamos un patrimonio de $ 35 mil millones”, subrayó. La ex secretaria de Energía Verónica Geese cubrió el flanco de la EPE: dijo que la distribuidora es una de las pocas del país sin deuda exigible por Cammesa y calibró los intereses acumulados por deudas con la mayorista. Equivalen, dijo, al 1,2% de los ingresos.

La disputa pasó así al terreno de política económica. Desde el Frente Progresista rescatan que dejaron una provincia con muy bajo nivel de deuda, saneada, con acreencias y con un funcionamiento estatal que permitió amortiguar el impacto de la crisis nacional en la actividad local. Minimizan el peso de la deuda flotante y argumentan que se trata de un instrumento de administración financiera habitual y extendido. Y alertan que las quejas del gobierno actual encriptan un plan de ajuste. “La búsqueda del déficit cero fracasó en los últimos años”, advirtió Farías al evocar la experiencia macrista.

Los funcionarios entrantes hacen foco, en cambio, en los compromisos de corto plazo. “La caja estaba vacía”, se quejó el gobernador. La extensión del cronograma salarial fue decidida con el argumento de la falta de una ley de emergencia. En el fuego cruzado entre oficialismo y oposición, los estatales recibieron la primera descarga. Para los referentes rosarinos de Amsafé y ATE, la maniobra es clara: condicionar las paritarias, en las que el nuevo gobierno, más que probablemente, irá contra la cláusula gatillo.

El ministro de Economía explicó que era imposible seguir pidiendo adelantos al agente financiero provincial, con tasas del 70%, para pagar en tiempo y forma los salarios. Dijo que ese instrumento costó $ 100 millones en intereses durante 2019. Saglione, en cambio, reivindicó el mecanismo. Dijo que es común en el resto de las provincias. Minimizó su impacto en el presupuesto y explicó que el Nuevo Banco de Santa Fe pagó $ 1.600 millones de intereses al Estado provincial. En noviembre, dijo, fueron justamente $ 100 millones. También consideró “una contradicción” que el actual gobierno retrase el pago de salarios para no tomar deuda y pida autorización para endeudarse por $ 15 mil millones para gasto corriente.

Económico en el contacto con la prensa, Agosto eligió hablar sólo con algunos medios para reforzar su pedido: deuda por $ 15 mil millones para recomponer el Fuco y ampliación del límite del 40% autorizado por el presupuesto 2020 para transferir recursos del gasto de capital, al corriente. Paradójicamente, recoge en su argumento la perspectiva de magnitud presupuestaria que esgrime el Frente Progresista cuando explica el déficit en su gestión. La flexibilización aprobada en la ley de leyes, lamentó, sólo “equivale al 2,5% del total del presupuesto”.