Se trata de la normativa que formaliza la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, un microrregulatorio diseñado de forma estratégica para atacar de raíz el lucrativo negocio clandestino que alimenta los robos callejeros, arrebatos y asaltos de aparatos de teléfonos celulares. El proyecto había sido aprobado por el Senado, luego tuvo el visto bueno de Diputados, pero con modificaciones. Por eso, este jueves tuvo que volver a ser ratificado por la Cámara alta.

Santa Fe cuenta con una nueva ley para desarticular el mercado negro de celulares

En el marco de las políticas públicas orientadas a combatir la inseguridad urbana y el delito predial en el territorio santafesino, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe otorgó sanción definitiva a una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

La problemática del robo de teléfonos móviles se había convertido en uno de los delitos de mayor frecuencia y naturalización en las principales ciudades de la provincia, como Rosario y la capital santafesina. Detrás de cada arrebato callejero opera una compleja red de reducción y comercialización ilegal que transforma rápidamente los equipos sustraídos en dinero en efectivo, ya sea mediante la venta de partes, la adulteración de software o su reinserción en el mercado informal a través de plataformas virtuales y locales no habilitados. Ante este escenario, la nueva legislación busca secar la plaza del circuito clandestino, volviendo incosteable e inviable la comercialización de dispositivos de dudosa procedencia.

Controles de trazabilidad y nuevas facultades operativas

Uno de los ejes fundamentales que contempla el flamante cuerpo legal es la incorporación de herramientas operativas concretas para las fuerzas de seguridad provinciales, orientadas a garantizar la trazabilidad absoluta de los aparatos en circulación. Entre las disposiciones más destacadas, la normativa habilita a la Policía de Santa Fe a realizar controles aleatorios del número de Identificación Internacional de Equipo Móvil (IMEI) en la vía pública, sin necesidad de contar con una orden judicial previa para exigir la exhibición de dichos datos a los transeúntes o conductores.

Uno de los ejes fundamentales que contempla el flamante cuerpo legal es la incorporación de herramientas operativas concretas para las fuerzas de seguridad provinciales, orientadas a garantizar la trazabilidad absoluta de los aparatos en circulación.

Este mecanismo de fiscalización directa permite contrastar en el acto los datos del aparato con las bases de oficiales de trazabilidad —tales como las plataformas del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)— a fin de detectar si el dispositivo cuenta con reportes por robo, hurto, adulteración o irregularidades de origen. En caso de constatarse anomalías o si el ciudadano se negara injustificadamente a exhibir el código del aparato, la normativa faculta al personal policial a proceder con la requisa personal y el inmediato secuestro preventivo del dispositivo, dándose aviso de forma instantánea al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que intervenga en las actuaciones de rigor.

Desarticulación del circuito económico clandestino

Más allá de los operativos callejeros de prevención y control sobre los usuarios finales, el espíritu central de la ley radica en desmantelar los eslabones pesados de la cadena delictiva: los talleres de reparación clandestinos, los intermediarios y los comercios de compraventa que operan al margen de la ley. La norma establece estrictos estándares de registración y controles cruzados para todo establecimiento comercial que opere con compra, venta, permuta o reparación de tecnología usada, exigiendo libros de stock, acreditación fehaciente de titularidad de los equipos ingresados y factura de origen.

De este modo, el Estado provincial busca interponer barreras normativas e institucionales que corten el flujo financiero de las bandas delictivas. La sanción definitiva de esta herramienta legal representa un salto cualitativo en la estrategia de seguridad pública de la gestión provincial, articulando el trabajo de prevención policial, la fiscalía especializada y los controles administrativos comerciales para proteger a los vecinos y devolver el orden a las calles santafesinas.

Durante el tratamiento, el senador Ciro Seisas sostuvo que la norma constituye una herramienta para fortalecer la seguridad de la ciudadanía de Rosario y de toda la provincia. En ese sentido, explicó que la ley apunta a reforzar tres aspectos que permitirán a las fuerzas de seguridad corroborar si los dispositivos tecnológicos que poseen los ciudadanos tienen origen lícito. También mencionó un procedimiento iniciado a partir de la geolocalización de un teléfono celular robado en Rosario, que permitió identificar una banda dedicada a ese delito, realizar once allanamientos y desarticularla.

El senador Esteban Motta celebró la aprobación y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno provincial para mejorar la situación de seguridad en Rosario, a través de herramientas destinadas a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. No obstante, consideró necesario continuar incorporando instrumentos y expresó su expectativa de que también avance la sanción definitiva de la ley de herramientas de seguridad, así como el proyecto de Prevención de los Femicidios, que ya cuenta con media sanción del Senado.

A su turno, el presidente provisional Felipe Michlig destacó la celeridad con la que la Cámara Alta aborda los proyectos vinculados a la seguridad. Asimismo, manifestó su preocupación por la demora en el tratamiento en Diputados del proyecto sobre violencia de género, aprobado por el Senado el 22 de octubre. En ese marco, señaló que habían transcurrido quince días sin que la iniciativa fuera tratada y expresó su inquietud por los índices de femicidios registrados en Santa Fe.

Fuente: Aire Digital