La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) volvió a poner el foco sobre el cobro de tasas que numerosos municipios y comunas de Córdoba aplican a los productores ganaderos por el visado y conformado de las guías necesarias para trasladar hacienda.

Bajo el título “Un tema complejo que necesita una solución única y urgente”, la entidad reclamó a la Legislatura provincial que avance en el tratamiento de los proyectos de ley presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich.

Desde CARTEZ sostienen que los municipios y comunas ya no prestan el servicio que da origen a ese cobro, debido a que la gestión de las guías se encuentra concentrada en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

UNA TASA QUE NO TIENE CONTRAPRESTACIÓN

El planteo de la entidad rural parte de una situación que considera injusta para los productores ganaderos. “Un grupo reducido debe pagar por una prestación que, en los hechos, no recibe”, señala el comunicado.

En ese sentido, CARTEZ cuestionó que numerosos gobiernos locales continúen cobrando una tasa o cargo por intervenir en el visado y conformado de las guías, pese a que se trata de documentos electrónicos necesarios para el traslado de animales cuya gestión actualmente se concentra en SENASA.

“Cobran, pero no prestan servicio alguno”, enfatizó la organización, que además remarcó que la situación presenta distintas realidades según cada municipio o comuna. En algunos casos, incluso participan sociedades rurales que comparten con los gobiernos locales la recaudación de estos conceptos.

Para CARTEZ, esa diversidad de situaciones no debería impedir una definición general. “Esa complejidad, sin embargo, no puede servir de excusa para postergar una solución que ya es urgente”, advirtió.

RECLAMO POR EQUIDAD Y COSTO SOBRE LOS PRODUCTORES

La entidad también vinculó el pedido con un criterio de equidad. Según explicó, el cobro no alcanza de manera uniforme a todo el sector agropecuario, sino que recae particularmente sobre quienes desarrollan actividades de cría o engorde de animales.

“Un único grupo de vecinos -que, además, no se encuentra entre los de mayores ingresos- no debería cargar con el financiamiento de gastos que benefician al conjunto de la comunidad”, sostuvo CARTEZ.

La organización remarcó además el aporte de la ganadería a las economías locales, al considerar que estas actividades contribuyen al “arraigo, la producción y el empleo rural” en los pueblos cordobeses.

Por eso, consideró que no resulta razonable que los productores afronten en soledad costos generales de municipios y comunas, incluso cuando los recursos recaudados sean destinados a fines legítimos o necesarios.

QUÉ PLANTEA CARTEZ ANTE LA LEGISLATURA

Otro de los argumentos planteados por la entidad apunta a la falta de una contraprestación concreta. El comunicado señala que algunos intendentes y jefes comunales justifican la necesidad de esos recursos para renovar el parque automotor o compensar una caída de la coparticipación.

Desde CARTEZ reconocieron que esas necesidades pueden ser atendibles, pero marcaron un límite: “No justifican trasladar su costo a un sector específico sin una contraprestación efectiva”.

La entidad también rechazó que el cargo sea presentado como un impuesto delegado por la Provincia y pidió que el debate se concentre en las normas que habilitan la intervención municipal en el visado y la conformación de los documentos para el traslado de animales.

UNA SOLUCIÓN QUE ALCANCE A TODO CÓRDOBA

CARTEZ destacó que algunos municipios y comunas ya eliminaron este tipo de cobros, pero advirtió que esas decisiones aisladas terminaron generando diferencias entre productores de acuerdo con la zona donde desarrollan su actividad.

“Por eso es indispensable establecer un criterio general para todo el territorio provincial”, sostuvo la organización.

La entidad de productores pidió al presidente de la Comisión de Agricultura, Mariano Ceballos, que convoque a una reunión para analizar ambas iniciativas y que garantice la participación de la entidad en el debate, “a fin de que la voz de los productores sea escuchada”.

Fuente: InfoCampo