La Resolución 857/2026 del Enacom, publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, expuso los detalles del convenio con la empresa integrante del grupo SpaceX, con el fin de llevar conectividad satelital a 6 mil escuelas que actualmente carezcan de internet o tengan una prestación deficiente.

El esquema fue presentado inicialmente como una donación de Starlink, pero la resolución expone una contraparte pública mayor que el aporte privado y una obligación que, a partir de 2030, será responsabilidad de las provincias.

Efectivamente, según se expresa en los anexos, la empresa aportará al Fondo del Servicio Universal el equivalente a US$9,978 millones: US$2,778 millones por 6.000 kits, accesorios y envío, y US$7,2 millones correspondientes a los primeros 24 meses de conectividad. El propio Enacom indica que se trata de una “donación con cargo”.

La otra mitad del proyecto corre por cuenta del Fondo del Servicio Universal (FSU), administrado por el organismo y nutrido por aportes de las empresas de telecomunicaciones. La resolución reserva otros US$11,898 millones para instalar los equipos, administrar el servicio y las incidencias, brindar asistencia técnica, operar la plataforma de monitoreo durante tres años y pagar el tercer año de conexión. El monto oficial asignado al proyecto completo asciende así a US$21,876 millones.

Por cada escuela, la ecuación base ronda entonces los US$3.646 durante los primeros tres años: unos US$1.663 correspondientes al aporte valuado por Starlink y US$1.983 provenientes del FSU.

Además, el contrato fija US$4,266 millones más IVA para instalación, gestión y soporte durante el primer año y US$2,016 millones más IVA para cada uno de los dos siguientes; sólo los US$3,6 millones destinados al tercer año de internet aparecen expresamente indicados con IVA incluido. Por lo tanto, los US$11,898 millones informados como contraparte del Fondo constituyen la suma de los importes base del convenio, por lo que el costo final puede ser más alto que le que figura por contrato por el adicional de los impuestos.

Starlink elige quién instala

Otro detalle aparece en la ejecución. Los equipos no podrán ser instalados por cualquier proveedor. La donación establece como condición que la entrega e instalación sea realizada “exclusivamente” mediante distribuidores autorizados por Starlink.

El mecanismo previsto tampoco crea una relación contractual directa entre Enacom y esos distribuidores: Starlink los selecciona, afronta inicialmente sus costos y luego traslada esos importes al Fondo del Servicio Universal mediante facturación.

La propia compañía también factura al Enacom el año adicional de conectividad y presenta las facturas correspondientes a instalación y servicios asociados.

El modelo permite una ejecución centralizada y bajo estándares del proveedor, pero deja en manos de la misma empresa que realiza el aporte la selección de los operadores autorizados para efectuar las tareas financiadas con el FSU.

El lugar de las provincias

Por contrato, Starlink cubre los primeros 24 meses. El Fondo del Servicio Universal financia del 25 al 36. A partir de allí, el modelo de convenio de adhesión que deberán firmar las jurisdicciones es explícito: “la continuidad y el financiamiento del servicio” quedarán a cargo de la provincia o municipio responsable de cada establecimiento.